Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, volvió a autorizar ayer el aborto en casos de urgencias médicas en el estado de Idaho, donde está prácticamente prohibido interrumpir el embarazo.
La decisión, de alcance limitado a la entidad, representa una victoria momentánea para los activistas de los derechos reproductivos, porque no zanja la cuestión de fondo y devuelve el caso a tribunales inferiores. El derecho al aborto se ha convertido en un tema central de la campaña electoral rumbo a las elecciones de noviembre en las que el presidente demócrata Joe Biden se enfrenta contra el republicano Donald Trump.
El documento se publicó un día después de que fuera colgado brevemente por error en la página web de la Corte Suprema y publicado por una agencia de noticias.
Tras conocerse la decisión, el presidente Joe Biden recordó en un comunicado que sólo tiene vigencia “mientras este caso regresa a los tribunales inferiores”.
“A ninguna mujer se le debe negar atención, obligarla a esperar hasta que esté al borde de la muerte u obligarla a huir de su estado de origen sólo para recibir la atención médica que necesita. Esto nunca debería suceder en Estados Unidos”, pero “es exactamente lo que está sucediendo en estados de todo el país desde que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade”, afirmó.
Según Biden, los médicos “deberían poder ejercer la medicina” y “los pacientes deberían poder recibir la atención que necesitan (...) Continuaremos luchando por el derecho de la mujer a tomar decisiones de atención médica profundamente personales y continuaremos luchando para restaurar las protecciones de Roe vs. Wade en la ley federal, para todas las mujeres en todos los estados del país”.
El fallo (6-3) se deriva de apelaciones de las autoridades republicanas de Idaho y restablece una orden judicial inferior que garantizaba que los hospitales pueden practicar abortos para proteger la salud de la madre. El nuevo veredicto no aborda la cuestión de fondo, es decir, si la prohibición casi total de aborto en Idaho choca o no con una ley federal, conocida como EMTALA, que obliga a los hospitales a estabilizar a los pacientes que requieren atención urgente.
Mientras, la Corte Suprema rechazó un acuerdo de indemnización de casi 6 mil millones de dólares que exoneraba a la familia Sackler, propietaria del gigante farmacéutico Purdue, de futuras querellas en el marco de la crisis de los opioides. La corte se pronunció por cinco votos a cuatro en contra del acuerdo. El Departamento de Justicia reprochaba que este pacto, concluido en 2022 con los 50 estados del país, colectividades locales y víctimas individuales, y validado por una corte de apelaciones federal, protegía a la familia propietaria de este laboratorio de cualquier querella, incluyendo de víctimas que no adhirieron al arreglo.