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San José. – …Y ya son 77 los periodistas asesinados en Honduras de 2001 a 2019 , a un promedio de más de cuatro por año y con la mayoría de culpables materiales e intelectuales protegidos por la impunidad.
El peligro de muerte y la constante hostilidad sobrevuelan en la vida cotidiana de los comunicadores sociales en Honduras, uno de los países más violentos de Centroamérica .
Los casos recientes de dos reporteros ilustran el complicado escenario.
Leonardo Gabriel Hernández
, director del programa televisivo “El Pueblo Habla” y constante crítico de las políticas oficialistas, pereció en un ataque a balazos el pasado domingo en el sureño departamento (estado) de Valle en circunstancias confusas, ya que hay versiones encontradas de que el hecho fue cometido por una o por varias personas.
Leonardo Gabriel Hernández
David Romero Ellner
escogió la semana anterior el camino de la clandestinidad ante una orden de captura en su contra, luego de que un tribunal hondureño ratificó en enero pasado una sentencia de 10 años y ocho meses de prisión por injurias, calumnias y difamación que se le impuso por destapar en 2014 un millonario fraude a la seguridad social que tocó redes sensibles en el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y en la Fiscalía General de ese país.
David Romero Ellner
“Cada vez que muere un periodista o un comunicador social se violenta, en primer término, el derecho a la vida e igualmente se afecta el derecho a la libertad de expresión y de informar adecuadamente”, advirtió el hondureño Roberto Herrera Cáceres, jerarca del (estatal) Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).
Al pedir que se recurra a “todos los medios legales disponibles” para hallar la verdad y juzgar y castigar a los agresores responsables de la violencia contra periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a medios de comunicación, Herrera instó a las autoridades hondureñas a que “realicen su labor de manera diligente, imparcial y efectiva, para que se esclarezcan los asesinatos y otros actos de intimidación” a comunicadores sociales.
El defensor del pueblo de Honduras abogó para que el asesinato de Hernández “no se sume a a la larga lista de impunidad que, en el país, abarca al 92% de los casos registrados desde el 2001”.
Registros del CONADEH suministrados hoy a EL UNIVERSAL revelaron que el 92% de los asesinatos de periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y dueños de medios “se mantienen impunes por falta de investigación”.
Desde el 2014 a la fecha, suman 34 o 44% las personas vinculadas a los medios de comunicación que perecieron en forma violenta en Honduras, según los recuentos del Comisionado.
De acuerdo con el CONADEH, Hernández se convirtió en el primer periodista asesinado en 2019 y en el número 77 desde el homicidio del reportero deportivo hondureño Arístides Soto, ocurrido en octubre de 2001.
Asimismo, Valle se unió a otros 14 departamentos de Honduras en los que se produjeron asesinatos de periodistas. Los departamentos con mayores casos son Francisco Morazán, con 19, Cortés, con 17, y Yoro, con 8, reportaron el 57% de las muertes violentas.
El hondureño Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, insistió el mes pasado en una reunión con la ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cueva, en la necesidad de crear un Observatorio de la Libertad de Expresión.
El Observatorio “monitoreará permanentemente la situación de libertad de expresión en Honduras, con registros diarios de amenazas, intimidaciones y atentados que sufren los trabajadores de la prensa en su actividad de recoger y divulgar información”, adujo Rodríguez.
“El asesinato de periodistas constituye la forma de censura más extrema”, alertó el Comité por la Libre Expresión, una agrupación de comunicadores hondureños al repudiar el asesinato de Hernández. “Dicha acción no solo vulnera de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de estos derechos”, lamentó.
Clandestinidad. En este escenario convulso, en Honduras tampoco sorprendió la decisión de Romero de escapar de la orden de captura en su contra y huir a la clandestinidad.
Romero fue juzgado desde agosto de 2015 en un tribunal de Tegucigalpa por 16 demandas de injurias, calumnias y difamación, por destapar los entretelones de un millonario fraude a la seguridad social que toca redes partidistas afines al presidente Hernández y a la Fiscalía General. La condena en su contra fue emitida en 2016 pero apelada por el periodista, aunque en enero de este año quedó en firme y luego se lanzó la orden de arresto.
Romero fue acusado por la abogada hondureña Sonia Gálvez de Cuéllar, esposa del fiscal general adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar, porque reveló una supuesta cadena de tráfico de influencias de Hernández y del gobernante Partido Nacional (PN) en el Ministerio Público con un despacho de abogados al que pertenece la querellante, para detener el trámite y silenciar un escándalo por una defraudación de más de 350 millones de dólares de 2010 al 2014 en el (estatal) Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El periodista, director de Radio y Globo Televisión, de Tegucigalpa, descubrió una colección de cheques que habría surgido del fraude al IHSS y que aparentemente fue girada a favor del PN, para supuestamente financiarle las campañas internas y nacionales de 2013 que culminaron con el triunfo de Hernández en su carrera a la Presidencia para asumir en enero de 2014, en un segundo cuatrienio consecutivo del PN desde enero de 2010, cuando asumió el entonces presidente Porfirio Lobo.
Hernández reconoció que algunos de esos fondos surtieron su campaña electoral, pero advirtió que en su gobierno “nadie” compró impunidad.
En una entrevista con EL UNIVERSAL en agosto de 2015, Romero aseguró que “el juicio es una batalla crucial de la libertad de prensa en la lucha por denunciar la corrupción política”.
“El presidente, empeñado en detener el impacto del escándalo en la seguridad social, presionó a Cuéllar y a la abogada para que me acusaran y se me condene a muchos años de cárcel, para mandar un mensaje de intimidación a los periodistas y medios independientes de prensa investigamos la corrupción”, añadió.
“Quieren silenciarnos, porque el gobierno montó un ambiente de intimidación en el juicio. Me quieren callar. El presidente ordenó seguir con las acusaciones en mi contra. El gobierno quiere condena en mi contra”, agregó.
