San José.- El periodista hondureño David Romero Ellner se atrincheró hoy en las instalaciones de una radioemisora de Tegucigalpa y logró resistir una orden de captura en su contra emitida por un tribunal de ese país tras ser condenado a 10 años y ocho meses de cárcel por injurias, calumnias y difamación al destapar un escándalo de corrupción política que salpicó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
“Tengo mi conciencia tranquila”, dijo Romero esta noche en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL. “Mi estado de ánimo está muy elevado y es que el me dicta mi conciencia, con toda la honestidad. Estoy pagando la factura de la amenaza de ir a la cárcel por el simple hecho de publicar la verdad y dársele a conocer a los hondureños, ante un régimen corrupto”, afirmó.
Pese a existir una orden judicial para ser detenido, el periodista se refugió este lunes en la sede de Radio Globo, una de las principales cadenas radiofónicas de Honduras y de la que es director, y se benefició con una solicitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), envió hoy al Estado hondureño para suspender su arresto.
“Aquí estoy en mi lugar de trabajo, rodeado de defensores de los derechos humanos y con el apoyo del pueblo hondureño, que se movilizó para apoyarme e impedir mi detención. Se me condenó por publicar la verdad”, añadió.
En una gestión de emergencia ante el Ministerio Público de Honduras (Fiscalía General), la CIDH pidió favorecer a Romero con medidas cautelares, en resguardo de su integridad personal. La Fiscalía debería responder este martes a la petición de la CIDH, pero Romero recordó que es un trámite vinculante.
“Mientras tanto, estamos aquí en la zozobra y en la incertidumbre frente a lo que puede acontecer mañana”, relató el periodista.
El (estatal) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) también solicitó hoy medidas urgentes de seguridad para salvaguardar la vida del comunicador.
“En el ejercicio de nuestras facultades y atribuciones constitucionales, de velar por el respeto del derecho a la vida y a la integridad física de la persona humana, estamos solicitando medidas de seguridad para evitar eventuales daños irreparables en contra del periodista”, afirmó el hondureño Roberto Herrera Cáceres, jerarca del CONADEH.
Romero denunció públicamente, en los medios de comunicación, que temer por su vida de ser privado de su libertad en un centro penitenciario, recordó Herrera.
La corrupción. Romero fue condenado en marzo de 2016 por destapar en 2014 un millonario fraude a la seguridad social que tocó redes sensibles en la primera gestión presidencia de Hernández, de 2014 a 2018, y golpeó a la Fiscalía General de ese país.
Pese a que el periodista apeló, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró sin lugar el recurso de casación el pasado 11 de enero, por lo que un juzgado hondureño emitió el 14 de este mes la orden de aprehensión.
Frente a ese panorama, Romero anunció a mediados de este mes que escogió el camino de la clandestinidad para huir de la sentencia y preservar su libertad. Sin embargo, el periodista llegó hoy a Radio Globo y anunció en una emisión radiofónica que sería capturado por efectivos de la Policía Nacional de Honduras.
“Voy a prisión”, alertó en su programa “Interpretando la Noticia. “No soy ningún delincuente”, por lo que “no voy a seguir huyendo más”, afirmó, al subrayar que tampoco encontró sentido continuar huyendo de la justicia y que decidió ir preso por publicar la verdad.
Sin embargo, la solicitud de la CIDH impidió que se ejecutara la detención, por lo que Romero decidió quedarse a dormir en las instalaciones de la estación a la espera del desarrollo de los acontecimientos en este martes. La gestión de la CIDH se desarrolló en momentos en que, por cuestión de horario, el Ministerio Público de Honduras (Fiscalía General) ya estaba cerrado.
El caso. Romero fue juzgado desde agosto de 2015 en un tribunal de Tegucigalpa por una serie de demandas de injurias, calumnias y difamación, por desnudar los secretos del millonario fraude a la seguridad social, en un caso que afectó a toca redes partidistas afines al presidente Hernández y a la Fiscalía General.
Romero fue acusado por la abogada hondureña Sonia Gálvez de Cuéllar, esposa del fiscal general adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar.
La acusación surgió porque el periodista reveló una supuesta cadena de tráfico de influencias de Hernández y del gobernante Partido Nacional (PN) en el Ministerio Público con un despacho de abogados al que pertenece la querellante, para detener el trámite y silenciar un escándalo por una defraudación de más de 350 millones de dólares de 2010 al 2014 en el (estatal) Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El comunicador descubrió una colección de cheques que habría surgido del fraude al IHSS y que aparentemente fue girada a favor del PN, para supuestamente financiarle las campañas internas y nacionales de 2013 que culminaron con el triunfo de Hernández en su carrera a la Presidencia para asumir en enero de 2014, en un segundo cuatrienio consecutivo del PN desde enero de 2010, cuando asumió el entonces presidente Porfirio Lobo.
Hernández reconoció que algunos de esos fondos surtieron su campaña electoral, pero advirtió que en su gobierno “nadie” compró impunidad.