Cartagena de Indias, Colombia.— A la colombiana Ximena Ochoa, vicepresidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, le hubiera gustado reunirse con el papa Francisco en su visita a Colombia para decirle que es posible el perdón por las atrocidades de más de 52 años de guerra, pero nunca con impunidad.
Sin éxito, la Federación pidió una cita con Francisco en Colombia, contó Ochoa a EL UNIVERSAL, al recordar que con más de 70 mil miembros, esa es la organización más grande de “víctimas del terrorismo en el mundo”.
Durante su visita, que inició el pasado miércoles y concluirá hoy, el Papa pidió reiteradamente a los colombianos que acepten perdonar a sus victimarios para una verdadera paz con reconciliación.
La guerra, de 1964 a 2016, dejó más de 8 millones de víctimas, lo que contempla más de 225 mil muertos, unos 45 mil desaparecidos, más de 6.4 millones de desplazados a la fuerza y numerosas personas golpeadas por terrorismo, secuestro, torturas, delitos contra la libertad e integridad sexual, pérdida de propiedades y abandono o expulsión de tierras, de acuerdo con datos oficiales.
Ochoa, quien sufrió desplazamiento forzado, acusó que la mayoría son víctimas de las ahora ex guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en noviembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en Cuba, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. En ejecución en 2017, el pacto permitió desmovilizar y desarmar a la guerrilla, convertirla en partido político legal y reinsertar progresivamente a sus más de 7 mil combatientes, con otros procesos paralelos judiciales y socioeconómicos.
¿Qué habría querido decirle al Papa?
—Que la reconciliación y el perdón sí son posibles, pero no cuando vienen acompañados de impunidad, que lacera el corazón de las víctimas y mantiene a la sociedad en zozobra permanente, no da garantías de no repetición ni nos cuenta la verdad sobre lo que pasó. Lo primero sería recordar las palabras de San Juan Pablo II cuando dijo que la paz no es la ausencia de la guerra de los fusiles, que también es que impere la justicia para que una sociedad pueda estar tranquila porque se ha hecho justicia. Perdón sí, impunidad no.
¿Las víctimas —de la ex guerrilla— se sienten reivindicadas?
—No. Las FARC no le han pedido perdón al país. No me refiero a actos en los que piden perdón de manera sesgada, insuficiente y dicen que, en algunos casos, hubo un error al direccionar explosivos. No es suficiente.
¿Qué exige a las FARC?
—Decir que su credo principal era poner la vida de seres humanos en peligro por una ideología política porque todo vale para ganar el poder. De eso es de lo que tienen que arrepentirse. No han renegado de sus acciones violentas y siguen considerándose unos héroes. Para las víctimas eso es inaceptable. Creemos en la dignidad de la vida humana, por encima de cualquier ideología y las FARC no han renunciado ni renegado ni arrepentido de haber lacerado la dignidad humana por servir a una ideología.
¿Las heridas de la guerra continúan abiertas?
—Es muy grave lo que pasa. La Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo estatal colombiano que debe proteger a líderes sociales, niega sistemáticamente la protección a los líderes de víctimas de las FARC. Mientras, el gobierno colombiano compró 40 camionetas blindadas para garantizar la protección a los jefes de las FARC. La política que aplica la UNP es proteger y estar al servicio únicamente de las FARC, pero no de las víctimas. Nos están excluyendo de la posibilidad de acceder a la protección del Estado.
