El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se acogió este martes a su derecho a no testificar contra su esposa Begoña Gómez ante el juez que la investiga por presunta corrupción, antes de presentar una querella acusando al magistrado de posibles hechos "delictivos" en su causa.
En medio de una gran expectación, el juez Juan Carlos Peinado se desplazó hasta el Palacio de la Moncloa, la residencia presidencial, para tomar declaración al mandatario socialista, pero al final la audiencia duró escasos minutos.
Sánchez, citado como testigo del posible tráfico de influencias en la investigación a su esposa, también sospechosa de corrupción en los negocios, declinó testificar, tal y como se lo permite la ley que exime a una persona a declarar contra su cónyuge.
Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y ONGs, ya se había acogido a su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el 19 de julio.
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Poco después de la visita del juez, Sánchez, que defiende la inocencia de su esposa y enmarca este asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha contra su Gobierno, presentó una querella por presunta prevaricación contra el magistrado.
En la querella, redactada en su nombre por la Abogacía del Estado, Sánchez critica, entre otras cosas, que el juez Peinado le haya pedido declarar en persona y no por escrito, algo que solicitó infructuosamente al entender que la ley le permitía hacer en tanto que presidente del Gobierno.
La denuncia contra el magistrado no es "un ataque frente al Poder Judicial", según el documento al que tuvo acceso la AFP.
"Al contrario, es expresión en la confianza en el Poder Judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso, en este caso judicial y atribuible a uno de los más de 5 mil jueces que ejercen su función en España", subrayó.
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Para justificar la manera de citar a Sánchez, Peinado señaló que lo hacía no en su condición de presidente del Gobierno, sino como esposo de la investigada, de ahí que debía testificar de forma presencial.
"No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación (...) es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", replicó la querella.
"Es absolutamente evidente que estamos frente a un montaje (...) La estrategia está muy clara, es dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política", fustigó de su lado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa.
"Sánchez no ha querido declarar ante la justicia, pero responderá ante los españoles por tantas injusticias", lanzó en la red social X Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP), principal formación de oposición, quien le pide insistentemente que dimita y convoque elecciones por la causa contra su esposa.
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Esta fue tan solo la segunda ocasión en que un jefe del Ejecutivo español en activo fue citado a declarar ante un magistrado, luego de que lo hiciera en 2017 el conservador Mariano Rajoy, en un juicio por la financiación irregular del PP.
Buscando mostrar normalidad, Sánchez mantuvo su agenda este martes: dirigió un Consejo de Ministros por la mañana y en la tarde depachó con el rey Felipe VI en la isla balear de Mallorca.
Tras la audiencia, Sánchez afirmó a la prensa que se referirá al caso mañana, durante el balance anual.
"Comprenderá que, después de un despacho con el jefe del Estado, no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello", dijo. "No voy a decir nada hasta el día de mañana", añadió.
Licenciada en marketing y con un máster en gestión, Gómez es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también es investigado.
Barrabés admitió ante el juez haberse reunido con Gómez en varias ocasiones en la Moncloa, dos de ellas en presencia de Sánchez. Pero afirmó que esos últimos encuentros versaron sobre innovación.
Peinado, quien abrió la causa ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, ha proseguido con la investigación pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente.
Cuando se conoció la causa a finales de abril, Sánchez anunció sorpresivamente que estaba considerando renunciar. Tras cinco días de reflexión, decidió mantenerse en la Moncloa.
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