Managua.— El Parlamento de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista, quitó ayer el estatus legal a cinco ONG. Un informe del Ministerio de Gobernación las acusó, entre otras cosas, de apoyar las protestas que iniciaron en abril, las cuales el Ejecutivo llama un “fallido intento de golpe de Estado”. Estas organizaciones se suman a las cuatro que fueron suspendidas la semana pasada.
Los organismos son el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), fundado y dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios, quien dirigió el diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional en su primer régimen. La Fundación Popol Na, presidida por Mónica Baltodano, una ex guerrillera sandinista que luchó contra la dictadura de los Somoza. El Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), cuyo presidente es Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve “comandantes” de la revolución sandinista. También la ambientalista Fundación del Río. Y el Instituto de Liderazgo de las Segovias, que defiende los derechos de las mujeres y promueve el desarrollo en el norte de Nicaragua.
Las ONG deberán liquidar sus bienes y acciones o pasar a disposición del Estado. El gobierno acusa a los opositores de pretender “desestabilizarlo” mediante “un complot terrorista” financiado por Estados Unidos. Los sandinistas señalaron a esas ONG de actuar “como partidos políticos”, pedir en el exterior sanciones contra el gobierno, y potencializar una campaña contra el Estado y contra el Ejecutivo, cometer “actos ilícitos”, “violentar el orden público” y actuar “en actividades que no corresponden con los fines para los que fueron constituidas”.
La medida fue calificada por organizaciones internacionales como una “venganza” contra las ONG por poner en evidencia “violaciones contra los derechos humanos” en los ocho meses de protestas antigubernamentales que han dejado, al menos, 322 muertos y más de 500 personas tras las rejas y 4 mil heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos —cuya personería jurídica fue cancelada el miércoles—.
Las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
