Quito.- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador tiene cinco días para presentar un informe sobre el juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por el asalto a la Embajada de México en Quito, luego de que ella presentara este viernes su defensa en el marco de ese proceso de censura.
El plazo para elaborar dicho informe empezará a correr el próximo domingo, según precisó la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, al cerrar una sesión en la que Sommerfeld presentó sus argumentos de defensa ante la acusación de la legisladora opositora Jhajaira Urresta, integrante del correísmo.
Sommerfeld es acusada en la Asamblea Nacional (Parlamento) de incumplimiento de funciones por la irrupción policial ecuatoriana del pasado 5 de abril a la Embajada de México en Quito, para detener a Jorge Glas, un exvicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que se había refugiado en ese lugar a la espera del asilo del Gobierno mexicano y sobre el que había una orden judicial de detención.
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Ese episodio derivó en una crisis diplomática entre los dos países, que mantienen rotas sus relaciones y que también encaran un proceso por este mismo caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con acusaciones mutuas de contravenir el derecho internacional y tratados sobre relaciones diplomáticas.
En la audiencia parlamentaria, que duró casi diez horas, Sommerfeld aseguró que el juicio político en su contra no es necesariamente contra ella, sino contra el país, por considerar que el proceso podría ofrecer argumentos a México en el caso que se sigue en la Corte Internacional.
De su lado, Urresta no sólo cuestionó la actuación de la canciller sobre el episodio de la irrupción violenta en la sede diplomática mexicana en Quito, sino también no haber reconocido el asilo diplomático que el Gobierno mexicano le otorgó a Glas y dejar sin atención consular propia a ecuatorianos en México, muchos de ellos en tránsito migratorio.
La asambleísta también advirtió de supuestos intereses personales de la canciller relacionados con el uso de frecuencias de transporte aéreo con México.
Sommerfeld rechazó los argumentos de la interpelante y advirtió de que ese tema no forma parte del juicio político de censura en su contra.
La canciller también dijo que la irrupción en la Embajada de México en Quito obedeció a que Ecuador temía que Glas, investigado y condenado en casos de corrupción, se diera a la fuga con el apoyo del Gobierno mexicano.
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Asimismo, dijo que el Gobierno de México no ha notificado hasta ahora que había otorgado asilo a Glas, pese a que esa información había circulado en los medios de información antes de la irrupción policial.
Tras la detención, el exvicepresidente de Correa fue confinado en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, por tener pendiente de purgar una pena de ocho años por dos condenas en casos de corrupción, aunque el correísmo considera que eso es parte de una persecución judicial ('lawfare') contra esta fuerza política.
Sommerfeld pidió a su interpelante que actúe con civismo y le pidió "defender la patria" y no hacerle el juego a los intereses que buscan que Ecuador sea sancionado en los organismos internacionales de justicia.
Urresta, por su parte, increpó a Sommerfeld de haber violado las Convención de Viena y otros instrumentos internacionales por el ataque a la Embajada de México y dijo que ello supone además el incumplimiento de las funciones encomendadas por la ley.
El Gobierno de México ha denunciado ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el asalto de su embajada en Quito y ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia el inicio de procedimientos para que se declare a Ecuador responsable de ese hecho.
Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de su sede diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.
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