El independentista Carles Puigdemont pidió un amparo al Parlamento catalán para poder ser investido hoy como presidente de Cataluña, pese a la orden judicial de permitirlo únicamente si está presente.
En un escrito al que tuvo acceso Reuters, Puigdemont —autoexiliado en Bruselas y sobre quien pesa una orden de detención por promover la independencia de Cataluña en octubre pasado— solicitó al presidente del Parlament, Roger Torrent, que “salvaguarde sus derechos como diputado y candidato” y siga adelante con la sesión plenaria.
“Tengo el derecho a asistir a los debates y votaciones del pleno y (...) gozo de inmunidad con el efecto concreto de que no puedo ser detenido si no es en caso de delito flagrante”, argumentó Puigdemont en el escrito.
En Barcelona, Torrent mantenía reuniones para decidir si suspender el pleno en el caso de que el candidato de JXC —la formación independentista con más respaldo— esté ausente o desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrarlo a distancia.
El candidato a la Generalitat, al que la justicia española acusa de sedición, rebelión y malversación, podría regresar para tratar de ser investido pese a que lo más probable es que fuera detenido, reconoció su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, en declaraciones a medios locales.
“Tiene la valentía suficiente para presentarse, dejarse encarcelar y hacer explotar la cafetera a presión que vivimos”, afirmó.
Ayer por la tarde, Puigdemont alimentó la incertidumbre al colgar en su cuenta de Instagram una fotografía de las calles que rodean el Parlament, en Barcelona.
La defensa entiende que el político de JXC no debería ser detenido puesto que fue elegido diputado en las elecciones de diciembre, convocadas por el gobierno español dentro de las medidas de intervención regional impuestas tras la declaración unilateral de independencia.
“No tendrían que detenerle porque tiene inmunidad parlamentaria. Es diputado, por tanto, no puede ser detenido”, dijo el abogado.
La defensa del ex presidente catalán dijo que no descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero agotarán los recursos ante las instancias españolas.
