El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, aplazó hoy sin fecha el debate de investidura -previsto para este martes- del candidato a presidente regional, el independentista Carles Puigdemont, hasta que se cumplan "las garantías democráticas " para la elección , según argumentó.
También hoy, el Tribunal Constitucional español (TC) rechazó las alegaciones de Puigdemont contra la prohibición de que sea investido presidente sin comparecer en el Parlamento regional, pues permanece huido de la Justicia española .
En un auto dictado el sábado, el TC había suspendido cautelarmente la investidura si el candidato no está presente y no cuenta con un permiso judicial para ello, ya que sobre él pesa una orden de detención en España.
Puigdemont
, que se marchó a Bélgica a finales de octubre de 2017 tras liderar la declaración unilateral de independencia, está imputado por la Justicia española por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros.
El Ejecutivo español lo destituyó el 27 de octubre pasado y a todo su gobierno después de que el anterior Parlamento catalán aprobara un declaración a favor de la independencia unilateral.
Desde Bélgica, Puigdemont pidió ayer el amparo o protección del Parlamento regional para poder ser investido.
"Dado que no se dan las condiciones para asegurar una sesión de investidura efectiva, ni las garantías para el ejercicio pleno y libre de los derechos políticos del candidato, he decidido aplazar la celebración del pleno" de investidura, justificó hoy Torrent en una carta enviada a los grupos parlamentarios.
En una comparecencia previa, argumentó que ese aplazamiento permite "dar tiempo" a que el TC resuelva todas las alegaciones a la decisión del pasado sábado de impedir una investidura a distancia de Puigdemont.
Torrent precisó que no se plantea proponer otro candidato que no sea Puigdemont, que concentra el respaldo de las fuerzas independentistas catalanas, con 70 de los 135 escaños de la cámara.
Subrayó que el pleno parlamentario convocado para hoy no queda "desconvocado", sino "aplazado" hasta que pueda celebrarse una investidura "con valor real y efectiva".
El Gobierno español interpretó el aplazamiento de la investidura como muestra del "respeto a la legalidad" y una "consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho". Pero fue motivo de discrepancia entre los partidos independentistas.
La coalición de centroderecha Junts per Catalunya (JxCat), que encabeza Puigdemont, se mostró molesta con la decisión de Torrent porque cree que se dan las "condiciones políticas" para celebrar la sesión de investidura hoy.
Por el contrario, el líder de los independentistas de ERC (izquierda republicana), Oriol Junqueras, agradeció la decisión de Torrent (del mismo partido) para "garantizar la defensa de los derechos de todos los diputados escogidos democráticamente".
La Justicia también investiga a Junqueras -en prisión preventiva-, quien fue vicepresidente de Cataluña cuando Puigdemont era el presidente.
El portavoz parlamentario de la CUP (independentistas antisistema), Carles Riera, pidió que se mantenga la convocatoria del pleno "por lealtad" al resultado de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado, e instó a "desobedecer" al TC "si es necesario".
Las fuerzas separatistas sumaron mayoría absoluta en conjunto en esos comicios, que fueron convocados por el Ejecutivo español tras destituir al anterior gobierno catalán.
También varios centenares de manifestantes independentistas llegaron hasta la fachada del Parlamento regional, protegido por la Policía, para protestar contra el aplazamiento.
Mientras tanto, los magistrado del TC se reunieron hoy para resolver sobre el recurso contra la prohibición de una investidura a distancia presentado ayer por Puigdemont y los diputados electos de JxCat.
El TC recordó que la autonomía parlamentaria no lo coloca ni a él ni al propio Parlamento catalán al margen de la obligación de cumplir la Ley.
Puigdemont y sus diputados se oponían a las advertencias del TC al Parlamento catalán de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas", apercibiéndolos de eventuales responsabilidades, "incluida la penal".
Tales advertencias, según el TC, no son contrarias a la autonomía parlamentaria, pues las resoluciones del alto tribunal "deben ser cumplidas también por las cámaras legislativas".
El TC dio el sábado diez días a las partes, empezando por el Parlamento catalán, para que alegaran sobre si debe tramitar el recurso que el Gobierno español presentó el viernes contra la convocatoria del pleno para investir a Puigdemont sin su presencia y también para que argumentaran sobre la suspensión cautelar.
lsm