El Parlamento catalán convocó ayer un pleno para el lunes 9 de octubre en el que Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, informará sobre los resultados y “efectos” del referéndum del pasado domingo, considerado ilegal por España. Dentro de esos efectos, sus aliados aseguraron que se declarará la independencia, pero el presidente catalán volvió a mostrarse esquivo y parece que busca alargar el proceso a la espera de apoyos internacionales.
En un discurso televisado, Puigdemont insistió ayer en que “en los próximos días” aplicará el resultado del referéndum y declarará la independencia, pero no aclaró cuándo. Mientras, llamó a una negociación con España. “Pedimos mediación, esperamos una respuesta positiva del Estado”, dijo.
El presidente de la Generalitat (el Gobierno catalán) hizo coincidir la hora de su discurso con el que ofreció la noche anterior el rey de España. Felipe VI fue muy duro con la Generalitat, a la que acusó de traicionar a los españoles. En respuesta, Puigdemont dijo al monarca: “ha decepcionado a mucha gente que le ayudó y que esperaba otro tono y una apelación al diálogo”.
Sin embargo, el gobierno español respondió anoche que si Puigdemont quiere negociar, debe ser “dentro de la ley”.
En tanto, la CUP, el partido que ejerce de punta de lanza en el proceso independentista, presiona a Puigdemont para que el lunes culmine la secesión. Su portavoz Mireia Boya anunció que el gran objetivo de la sesión parlamentaria es “proclamar la independencia y la república catalana”.
Pero Puigdemont intenta estirar los plazos, con la esperanza de que aumente la presión internacional sobre España para que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acepte negociar con Cataluña. Esto permitiría a la Generalitat evitar una declaración de independencia que no contaría con reconocimiento externo y que desencadenaría que el gobierno de Madrid cancelara la autonomía catalana, abriendo un conflicto que podría incendiar las calles.
La crisis catalana ya ha comenzado a convertirse en un problema para Europa, que teme un contagio del secesionismo a otros países, pero que tampoco quiere que la dureza del Gobierno de Rajoy lleve a una explosión de violencia. Una tormentosa sesión en el Parlamanto Europeo terminó ayer con invitaciones al diálogo. El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, hizo un llamado “para que se realice una reflexión que favorezca el diálogo en España en el marco constitucional”.
Sin embargo, países como Alemania aseguran que el conflicto es “un problema interno” de España y han vuelto a respaldar a Rajoy.
Ante la falta de soluciones políticas, el conflicto sigue precipitándose por una pendiente jurídica que dificulta el entendimiento. Ayer la Audiencia Nacional imputó por sedición al jefe de la policía catalana (Mossos d'Esquadra), Josep Lluís Trapero, delito que se castiga con hasta 15 años de prisión. Su detención sería un nuevo escollo para un diálogo.
