La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en general su llamado Plan C, no sólo han encendido las alarmas de gobiernos de Estados Unidos y Canadá, sino que ponen en riesgo el “lugar de México en el bloque de Norteamérica”, advierte Ryan C. Berg, director del Programa Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
En un artículo publicado “El plan C de AMLO y el bloque norteamericano, si podemos mantenerlo”, el Doctor Berg señala que en su intento por cimentar su legado y “colocarse a la par” de figuras como Benito Juárez o Lázaro Cárdenas, López Obrador decidió empujar un paquete de reformas conocidas como Plan C.
“Entre otras cosas, están en juego la independencia de los organismos reguladores de México, el organismo electoral de México (que sirve de ejemplo en América Latina) y la independencia del poder judicial de México. Por tanto, no es una hipérbole afirmar que la capacidad de México para seguir desempeñando un papel protagonista como socio estratégico en iniciativas de seguridad económica y nearshoring podría evaporarse a raíz de la aprobación del Plan C”, precisa.
La reforma judicial, dice, significa en pocas palabras debilitar el sistema de pesos y contrapesos, “al punto de eliminarlos en la práctica”. No sólo podría conducir a una mayor politización del sistema judicial, sino que probablemente significará que los candidatos aprobados serán aquellos que se alineen a Morena, sin contar con la posibilidad de que el crimen organizado imponga también a sus propios jueces.
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El plan C de López Obrador podría tener dos consecuencias básicas, detalla Berg:
“Más allá del Poder Judicial, las reformas podrían propiciar la disolución de organismos reguladores independientes como la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Federal de Competencia Económica… Esto sería altamente perjudicial para la capacidad de México de seguir siendo un socio estratégico en los objetivos de nearshoring y seguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos. En el peor de los casos, podría provocar una reconsideración del papel de México en el bloque norteamericano, obligando a los responsables políticos estadounidenses a considerar Costa Rica, la República Dominicana y Panamá como alternativas geográficamente próximas en América Latina con mayor bona fides democrática”.
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En el segundo aspecto, Berg indica que “en un mundo en el que el capital y la inversión tienen una orientación y se concede cierto valor a la alineación política y de valores, no es difícil imaginar cómo las reformas de AMLO podrían alejar más inversiones de los países democráticos e invitar a una mayor inversión de los países autocráticos o autoritarios. China, por ejemplo, está muy acostumbrada a hacer negocios en entornos con poderes judiciales muy politizados y un Estado de derecho menos seguro”.
La eventual aprobación del Plan C, añade, incidirá también en la revisión pactada del T-MEC, convirtiéndola más en una renegociación, que en una revisión.
“El México que surja después de que AMLO deje el cargo y se asiente el polvo del Plan C probablemente no será el mismo. Como CSIS ha documentado en muchos informes, México probablemente será menos seguro, menos transparente, más militarizado, con un poder judicial más politizado y más incumplidor del T-MEC. Por tanto, Estados Unidos se enfrenta a grandes interrogantes sobre cómo se relacionará con el México post-Plan C, especialmente una vez de que surjan casos de inevitable maltrato judicial y parcialidad contra el sector privado estadounidense. Washington puede sentir la necesidad de esforzarse y encontrar la manera de actuar como ‘contrapeso’ frente a decisiones judiciales sesgadas y politizadas. Esto anuncia una posible espiral negativa para Norteamérica”, concluye el autor.
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