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La Iglesia católica cuenta con una nueva definición de abuso sexual que quiere que sirva para combatir los abusos sexuales cometidos en su seno.
El Vaticano anunció este martes que el papa Francisco había realizado cambios en el Código de Derecho Canónico, el marco legal para los mil 300 millones de católicos del mundo, después de años de consultas.
La Constitución Apostólica Pascite gregem dei (Apacentad la grey de Dios), que autoriza los cambios, es el primer texto penal católico que amplía la definición de abuso sexual, al reconocer explícitamente que los adultos, y no solo los niños, pueden ser víctimas de sacerdotes y laicos en posiciones de poder.
La renovación del código penal de la Iglesia, que fue actualizado por última vez hace casi 40 años y que debe entrar en vigor el venidero 8 de diciembre, tiene lugar tras numerosos escándalos financieros y de abusos sexuales que han estremecido la Santa Sede en las últimas décadas.
La Iglesia católica se ha visto golpeada en años recientes por miles de denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes y de encubrimiento por parte de la jeraquía eclesial.
Las vícitimas y críticos de la Iglesia se han quejado de que las regulaciones por las que se dirimían esos asuntos eran obsoletas y estaban diseñadas para proteger a los perpetradores.
En una carta que acompaña a las revisiones, el Papa escribió que las nuevas leyes están destinadas a ser más "claras y simples" y a tono con los tiempos actuales.
"Es necesario que estas normas estén estrechamente relacionadas con los cambios sociales y las nuevas necesidades del Pueblo de Dios", dijo Francisco.
Aunque gran parte del texto permanece sin cambios, medios especializados en religión consideraron la reforma como "la reescritura más significativa del derecho canónico desde la era del papa Juan Pablo II".
Según explica la agencia católica Aciprensa, la nueva versión es resultado de un largo proceso de análisis, revisiones y enmiendas que comenzó en 2007, cuando el ahora papa emérito Benedicto XVI "encomendó al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos la tarea de emprender la revisión de la normativa penal contenida en el Código de 1983".
Qué dicen las revisiones
Los nuevos cambios apuntan a que la dinámica de poder dentro de la Iglesia puede ser un factor clave en el abuso sexual.
La ley canónica anteriormente consideraba que las relaciones sexuales entre clérigos y adultos, bajo consentimiento mutuo, eran "pecado", pero no un delito (aunque la violación y la agresión sí se consideraban como tal).
Ahora, el nuevo código penal establece que también deben ser condenados los curas "que por la fuerza, amenazas o abuso de su autoridad" tengan relaciones con adultos "u obliguen a alguien a realizar o someterse a actos sexuales".
El texto ofrece también a las autoridades eclesiales, ya sea en el Vaticano o en una parroquia lejana, una nueva plantilla para evaluar y abordar posibles abusos y las sanciones penales de la Iglesia.
Con esto, la Iglesia limita en gran parte la discreción otorgada a los obispos y otros líderes para investigar los abusos, lo que, según los críticos, permitía a los curas pedófilos eludir la responsabilidad y encubrir sus actos.
La nueva ley señala que la falta de investigación y sanción de los sacerdotes infractores podría tener consecuencias.
"La negligencia del pastor en el empleo del sistema penal muestra que no está cumpliendo recta y fielmente con su función", indicó el Papa.
Según medios italianos, la nueva reforma busca acelerar también el proceso de denuncia e investigación de los abusos, que las víctimas y sus defensores han criticado por años por ser largo y engorroso.
Por primera vez, la Iglesia decidió explícitamente criminalizar el acoso a menores para su participación en pornografía, así como la adquisición y distribución de videos o contenido de este tipo.
Las sanciones
El código establece ahora que los sacerdotes que abusen de menores u otras personas vulnerables serán castigados con "privación del cargo" y, potencialmente, con su destitución.
La versión previa del derecho canónico solo decía que los abusos por parte de los sacerdotes ameritaban "penas justas", aunque también ya incluía la potencial separación del cargo.
Los laicos que sean encontrados responsables de abusos, según la legislación aprobada, no serán expulsados, aunque enfrentarán penas "según la gravedad de la infracción".
El nuevo código penal no solo se dirige a los temas de abuso sexual, sino también parece abordar los recientes escándalos financieros del Vaticano.
Algunos de sus artículos amplían ahora la lista de delitos relacionados con el dinero, mencionando específicamente los delitos "financieros".
Los límites
Si bien expertos eclesiales han destacado como un avance la nueva reforma, muchos también han puesto en dudas las vías en que se pondrá en práctica al considerar que va a chocar con lo que consideran es una cultura de secretismo y encubrimiento en la estructura católica.
Los críticos consideran erróneo que la Iglesia continúe tratando de resolver sus casos de abuso y delitos financieros "internamente" sin acudir ante las autoridades civiles.
El propio sistema de investigación de los abusos de la Iglesia ha sido señalado de ser laxo y más favorable a considerar los testimonios de los presuntos agresores que el de las víctimas.
En ese sentido, el nuevo código penal no deja claro en qué forma la Iglesia manejará la reparación de las víctimas, ya sean menores o adultos.
Algunos críticos también han cuestionado que el nuevo texto elude hacer referencia a términos como "abuso sexual de menores", al que parece referirse con otros más vagos como "ofensas contra el sexto mandamiento", que prohíbe el adulterio.
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