Madrid.— México figura en el grupo de países que han cometido violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las acciones emprendidas en los reclusorios para sofocar las protestas y disturbios relacionados con el Covid-19, incluido el uso excesivo de la fuerza, como utilización de munición real y gases lacrimógenos, según el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los centros penitenciarios en tiempos de pandemia.
En estos países en los que también están incluidos, de manera documentada, Irán, Italia, Madagascar, Sierra Leona y Sri Lanka, se han producido decenas de muertos y centenares de heridos; además, muchos presos han sido sometidos a prolongadas detenciones, en régimen de incomunicación, aislamiento punitivo y negación del acceso a un tratamiento médico adecuado.
La organización humanitaria recoge las denuncias de la ONG AsiLegal para enfatizar que desde el inicio de la pandemia se han producido en las cárceles mexicanas al menos 20 incidentes violentos, entre ellos el registrado en el penal de Puente Grande, en Jalisco, que en mayo de 2020 dejó un saldo de ocho reclusos muertos y otros ocho hospitalizados con heridas, luego de enfrentamientos vinculados a la propagación del coronavirus.
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En la región de las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en septiembre de 2020 que los sistemas penitenciarios de la región sufren, entre otros problemas, la falta de espacio para permitir el distanciamiento social y brindar la atención médica adecuada para cuidar y prevenir la infección en contextos de hacinamiento grave.
También alertó de la falta de pruebas suficientes para detectar el virus y la carencia de equipo necesario para garantizar una protección e higiene adecuadas en los presidios.
En su informe Olvidados tras las rejas: COVID-19, AI denuncia el olvido de la población penitenciaria tras el arribo de la pandemia, lo que ha provocado que muchos reclusorios a nivel planetario enfrentaran deficiencias sistémicas para frenar la propagación del virus y aplicaran medidas de control que han provocado graves violaciones de derechos humanos.
“Con una población penitenciaria mundial estimada en más de 11 millones de personas, en numerosos países las prisiones podrían convertirse en focos de propagación de la enfermedad. Numerosos presos y presas se ven en apuros para conseguir jabón, saneamiento adecuado o equipos de protección individual, mientras tienen dificultades para mantener la distancia física y reciben atención médica limitada”, subraya el documento.
“Mientras el Covid-19 continúa asolando las prisiones de todo el mundo, las medidas introducidas por los gobiernos para evitar la propagación de la enfermedad han dado lugar a violaciones de derechos humanos; me refiero, por ejemplo, al uso excesivo del régimen de aislamiento para garantizar la distancia física, y a la aplicación de medidas inadecuadas para paliar los efectos perjudiciales de ese aislamiento”, relata Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de AI.
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La resistencia de los gobiernos a facilitar información actualizada y fiable impide determinar la cifra real en las cárceles de contagios de Covid-19 y de muertes relacionadas con ella.
“Aun así, los datos disponibles reflejan preocupantes pautas de contagio de Covid-19 en las cárceles de todo el mundo. Asimismo, mientras van diseñando planes y estrategias de vacunación, numerosos gobiernos guardan silencio con respecto a la vacunación de los presos y presas en situación de riesgo”, indica AI, tras señalar la sobrepoblación de los reclusorios como caldo de cultivo para la propagación del virus.
En la actualidad, el hacinamiento está ampliamente reconocido como uno de los problemas más graves de los establecimientos penitenciarios. Unos 102 países reflejan niveles de ocupación superiores a 110%, con una proporción considerable de personas condenadas o declaradas culpables de delitos no violentos, reseña la organización humanitaria.
“Numerosos países con niveles de masificación peligrosamente altos en las prisiones, como Bulgaria, Egipto, Nepal y la República Democrática del Congo, continúan sin abordar los motivos de preocupación que suscitan los brotes de Covid-19. En otros países, como Irán y Turquía, cientos de personas presas recluidas de manera arbitraria, como los defensores y defensoras de derechos humanos, fueron excluidas de los programas de excarcelación de Covid-19”, advierte el director de Investigación de AI. Ciertos países, como Camboya, Estados Unidos, Francia, Paquistán, Sri Lanka y Togo han sido incapaces de aplicar medidas adecuadas de protección y prevención en las prisiones para frenar la propagación de Covid-19, según la organización.
Para combatir la crisis pandémica, las autoridades penitenciarias de muchos países han recurrido a medidas peligrosas, como confinamientos y cuarentenas excesivos y abusivos, que han dado lugar a violaciones graves de derechos humanos.
En determinados lugares, como Argentina y Reino Unido, se aisló a personas detenidas hasta 23 horas al día, a menudo durante semanas o meses, lo que en algunos casos podría constituir trato cruel, inhumano o degradante.
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Algunas medidas de confinamiento por Covid-19 han afectado también a las visitas de familiares en las cárceles, con lo que se ha puesto en mayor peligro el bienestar mental y físico de las personas detenidas.
En ciertos casos, esto ha provocado protestas y disturbios generalizados en las prisiones, a los que las autoridades han respondido, a menudo, con fuerza excesiva, denuncia el informe.
Al menos 71 países han puesto en marcha políticas de vacunación para un grupo vulnerable, como mínimo. Aunque ciertos países han incluido a la población y el personal penitenciarios entre los grupos prioritarios de vacunación, las investigaciones de Amnistía Internacional han permitido comprobar que muchos otros, algunos de ellos de renta alta, guardan silencio o no son claros con respecto a sus planes.
La organización humanitaria insta a los Estados a que no discriminen a las personas presas cuando desarrollen políticas y planes de vacunación y que hagan todo lo posible por dar prioridad a la población penitenciaria en sus planes nacionales de prevención frente a la pandemia.