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San José. – El dibujo parcial de Panamá en noviembre de 2023 mostró un complicado paisaje de un escenario político de prolongada parálisis nacional, sin precedentes en el siglo XXI.
El continuado dramatismo de la crisis panameña, que se extendió ya por unos 27 días y sin desenlace previsible, mostró graves pinceladas sanitarias, laborales, financieras, empresariales, turísticas y logísticas.
Los hospitales públicos del occidente advirtieron que sufren de una aguda escasez de medicinas y de insumos médicos.
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Los principales centros estatales de salud de la capital alertaron de un severo faltante de sangre.
El gremio empresarial privado de centros comerciales confirmó que prescindirá de 15 mil empleos temporales.
El sector financiero privado urgió a la reapertura vial para restablecer el orden público y reactivar la economía, porque está en riesgo la imagen para atraer inversiones externas.
Las navieras mundiales y sus usuarios de los cinco continentes, estatales y no estatales, notificaron que comenzarán a desistir de los servicios logísticos locales.
Ante lo que definió como creciente anarquía y panorama de incertidumbre, la iniciativa privada reportó pérdidas por más de mil 700 millones de dólares y previó que aumentarán.
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Con un inmovilismo nacional por las masivas protestas en contra del gobierno y de la Asamblea Nacional en contundente repudio callejero a un contrato con una minera de Canadá, Panamá se precipitó, al menos a partir del 20 de octubre pasado, en su peor crisis política e institucional de este siglo y en la más grave desde la caída en 1989 del régimen militar que se estableció en 1968 por la vía del golpe de Estado.
Panamá retornó a la democracia en 1989, cuando tropas de Estados Unidos invadieron suelo panameño y, en un conflicto que involucró intervencionismo extranjero, ocupación armada y narcotráfico y al amparo militar y político de Washington, instalaron un gobierno elegido en las urnas en mayo de ese año, pero desconocido por la dictadura castrense.
“El ciclo democrático vivido desde la caída de los militares en diciembre de 1989, ha llegado a su fin. Ya no da para más remiendos ni parches”, afirmó el abogado y diplomático panameño Guillermo Cochez, exembajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex alcalde de la capital de ese país.
“En mayor o menor medida, los gobernantes que hemos tenido desde 1989 (…) han ayudado a ese deterioro”, dijo Cochez a EL UNIVERSAL, en referencia a lo que expuso como el “estado de paralización actual”.
“Más grave aún es que cada acción o inacción del gobierno contribuye a que la crisis se profundice más. Penosamente, ninguno (de los presidentes), sin excepción, se percató de la necesidad de usar las luces largas (…) para crear una sociedad más justa y solidaria. La contracara es que somos y sigamos siendo una de las sociedades más desiguales de América Latina”, lamentó.
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Acto relámpago
La bomba política detonó por el beneficio concedido a la transnacional canadiense First Quantum Minerals Ltd. (FQM por sus siglas en inglés) para que opere una mina panameña de cobre que es la más grande de Centroamérica. El 20 de octubre anterior, en la culminación de una maniobra relámpago de cuatro días, la Asamblea aprobó el contrato.
Sin perder tiempo, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, rubricó ese día el ejecútese de la ley y… se desbordó el caos. El contrato aprobado por el Poder Legislativo autorizó a First Quantum Minerals a operar por 20 años, que se pueden extender a otros 20, con aportes mínimos de 375 millones de dólares anuales de la firma canadiense al Estado y 10 veces superior a los montos previos.
Las protestas, con violencia y disturbios en distintas urbes panameñas, unieron a estudiantes universitarios, obreros, docentes, indígenas, sindicalistas, ambientalistas y gremios profesionales con bloqueos viales, vandalismo y otros hechos de agresión pública y paralizaron a Panamá.
Los adversarios del convenio plantearon argumentos constitucionales, financieros, ambientales o ecológicos, biológicos y de la más diversa índole. La consigna de que Panamá “no se vende” y “se defiende” predominó en las marchas antigubernamentales.
Cortizo, cuya gestión empezó en 2019 y concluirá en 2024, defendió que el convenio generará 8 mil empleos directos y 40 mil indirectos, representará un aporte del 4% al Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y consolidará a esa nación como factor de seguridad jurídica para la atracción de inversiones extranjeras.
“Como presidente hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones; la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno, estos actos serán judicializados. Como he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley”, anunció el mandatario el 24 de octubre.
La advertencia presidencial quedó superada por los hechos: cierres viales y toda su secuela de colapso en las más variadas actividades cotidianas.
“Panamá vive su más profunda crisis jamás vista después de la invasión estadounidense de 1989”, describió el abogado constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho de la (estatal) Universidad de Panamá.
“La explosión social que se ha desatado y que tuvo como detonante un contrato leonino (abusivo), ilegal, absurdo, entreguista con la minera para la explotación de una amplísima área que destruye el medio ambiente natural, la fauna, la flora, que se lleva preciosas riquezas del país”, relató Bernal a este diario.
“El contrato ha sido el detonante de esta explosión social nunca antes vista en Panamá, ni siquiera en los momentos en que Panamá y su pueblo levantaron sus banderas de lucha contra la dictadura militar”, explicó.
“Esta crisis ha hecho aflorar toda una situación gravísima que venía recorriendo Panamá, por una serie de insensatez de todos los gobiernos que, después de la invasión (de EU), han tenido la responsabilidad de conducir el país y que no han hecho otra cosa que profundizar las desigualdades sociales, económicas y de todo tipo en nuestro país”, destacó.
Tras acusar que “la represión que ha desatado el régimen de Cortizo para defender los intereses de la minera, a la cual está más que vinculado el gobierno de Cortizo, nos coloca en una encrucijada”, narró que “la explosión social ha puesto al pueblo panameño en las calles, a nivel nacional con todo tipo de manifestaciones caracterizadas por su carácter cívico, pacífico, reivindicativo y de defensa de los intereses de la nación”.
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Milagro panameño
La mina, que ya funciona en el sector panameño del área del Caribe, con una producción anual de unas 300 mil toneladas de concentrado y expectativas de que llegará a unas 425 mil en 2023, se transformó en apenas un ingrediente de una tensión sociopolítica e institucional en un país que, en el primer lustro del decenio de 2010, se presentó como emblema del milagro económico interamericano.
Enfrentados al rechazo popular, Cortizo y sus socios legislativos intentaron a finales de octubre e inicios de este mes la derogación parlamentaria del contrato con la compañía canadiense, pero la confusa maniobra tampoco fructificó. El futuro del pacto quedó a expensas de recursos de inconstitucionalidad que deberán ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia, donde Cortizo nombró a seis de los nueve magistrados.
Mientras el gobierno se empeñó en ganar tiempo, esperar pacientemente al fallo de la Corte—sin fecha definida—y apostar al debilitamiento de las protestas, la realidad reforzó la paralización.
La marca país panameña vendió tradicionalmente su principal activo: su ubicación geográfica y con el Canal de Panamá, construido a partir de 1904, en servicio desde 1914 y que une a los océanos Atlántico y Pacífico como pieza neurálgica que atiende más del 5% del transporte marítimo mundial, como su elemento insigne tradicional.
A la vía interoceánica, que pasó en 1999 a pleno control de Panamá luego de que los panameños lograron en 1977 rubricar unos tratados con Estados Unidos para derogar el concepto a perpetuidad del dominio estadounidense en el Canal, se sumaron otros factores cruciales que fortalecieron el concepto geográfico.
Panamá emergió como una especie de caja fuera de servicios globales contables y financieros para esconder el rastro de sociedades anónimas y de seguros. La estructura panameña cuenta con un centro bancario internacional, una zona de libre comercio—la segunda principal del mundo luego de Hong Kong—y una plataforma del abanderamiento de barcos con la primera flota mercante global como referente del transporte marítimo universal.
Al dibujo parcial de Panamá de noviembre de 2023, por el turbulento horizonte de la escena política ante la parálisis nacional sin precedentes en el siglo XXI, se incorporó otra pincelada: la cancelación del arribo de un crucero este miércoles con más de 4 mil 100 ocupantes a un puerto panameño en el Caribe, en que avanzó como la primera suspensión de la temporada alta de buques turísticos por la inestabilidad generalizada de Panamá.
sp/rcr
