San José. – En un mensaje de audio que corrió por WhatsApp, la panameña Teresita Yániz, viuda del exvicepresidente panameño Ricardo Arias (1933-2017), exdiputada y una de las voces más influyentes y respetadas de ese país, sugirió a sus compatriotas alistarse para un agravamiento generalizado de la violenta crisis callejera a la que Panamá se precipitó hace más de dos semanas.
Con el fantasma de que Panamá caiga en una severa escasez de alimentos, medicinas y artículos básicos de consecuencias sociales imprevisibles, Yániz aconsejó que, sin generar pánico, los panameños deben acudir a abastecerse de los bienes esenciales mínimos y necesarios para poder sobrevivir a una complicación del panorama de parálisis nacional y de emergencia aguda.
En otro aviso que generó mayores temores, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anticipó que el conflicto ocasionó pérdidas superiores a los 533 millones de dólares, que la seguridad alimentaria del país está en riesgo y que el cierre de las principales carreteras y de otras vías impacta fuerte en la economía e impide cualquier actividad comercial.
“Estamos tratando de mover producto fresco del interior a la capital y otro tipo de productos como combustibles, oxígeno, gas, medicinas y otros insumos de la capital al interior. A medida que no podamos transitar, todo eso se suspende”, alertó la empresaria panameña Marcela Galindo, presidenta de la Cámara.
Mientras las carreteras, calles y otros caminos permanezcan cerrados tampoco se podrá generar actividad comercial, insistió, en conferencia de prensa.
“Preocupa cómo se afecta la imagen de Panamá ante toda esta situación...Vamos a tener que retomar la confianza de los inversionistas”, señaló.
Los principales bloqueos de rutas se registraron en la Carretera Panamericana e impidieron el tránsito vehicular especialmente entre la capital panameña, en el sector sur-central de esa nación, sobre el litoral del Océano Pacífico y la más importante ciudad, y el área occidental, hacia la frontera con Costa Rica.
En este panorama, se intentaron abrir canales humanitarios de transporte.
Las inquietudes se agudizaron luego de que la (estatal) Caja del Seguro Social (CSS) informó que los tranques impidieron el acceso del personal de salud a los centros hospitalarios y dificultaron el suministro de medicinas e insumos médicos.
En otro reporte que exhibió la gravedad de la situación, la CSS anticipó que podría declararse en alerta amarilla y suspender las cirugías electivas y las consultas externas y limitarse a las emergencias.
El (estatal) Hospital del Niño, de la capital, reconoció que sufre falta de alimentos, con un desabasto de vegetales y frutas que perjudica la posibilidad de dieta equilibrada para los infantes, y describió que la mercancía seca está próxima a agotarse y que los enlatados escasean.
“Panamá va a la deriva, sin rumbo, lo que hace que esto se agrave: pasamos de la crispación al hastío y del hastío a la protesta masiva. Todavía no llegamos a la explosión social”, afirmó el abogado constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho de la (estatal) Universidad de Panamá.
“Las protestas son un despertar del movimiento social como nunca se había visto desde la década de 1960, ni siquiera contra la dictadura militar (que gobernó de 1968 a 1989). Nunca se había visto una protesta nacional tan generalizada protagonizada por los sectores de la clase media hacia abajo”, dijo Bernal a EL UNIVERSAL.
“Esta es una sociedad secuestrada por los cleptócratas (personas que se enriquecen con dineros públicos) y los corruptos más grandes que hemos tenido desde que somos república (1903). Ni siquiera los militares robaron tanto”, agregó.
Tras asegurar que el gobierno panameño reaccionó ante la crisis “con indolencia e incompetencia por su mediocridad”, advirtió que “vivimos en un régimen pseudoconstitucional autoritario”.
En un país con cifras actualizada a 2022 del Fondo de Población de las Naciones Unidas de 4.4 millones de habitantes, la inseguridad y el desempleo se ahondan. Con una población económicamente activa de unas 2 millones 800 mil personas, hay unas 250 mil sin empleo y unas 750 mil en la economía informal.
El gobierno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quedó atrapado hace más de dos semanas en la peor crisis desde que el primero de julio de 2019 asumió su mandato de cinco años, en un conflicto por el rechazo de organizaciones sindicales y populares al incremento de los combustibles y al encarecimiento general de la vida.
Datos oficiales mostraron que la tasa variación anual en Panamá del Índice de Precios al Consumidor, que mide la inflación, subió de menos 1.58% en diciembre de 2020 a 2.62% en diciembre de 2021 y en 2022 mantuvo un aumento constante para llegar a 5.2% a junio de este año en comparación con junio del año anterior.
El movimiento empezó con una huelga de profesores y avanzó a convertirse en un paro nacional que también exigió al gobierno reducir y congelar los precios de la canasta básica y de los medicamentos y garantizar una inversión del mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación y en el sistema estatal de salubridad. Las negociaciones entre el gobierno y la dirigencia del paro avanzan con tropiezos y desconfianza mutua.
En una maniobra para tratar de aplacar la presión, Cortizo congeló esta semana los precios de la gasolina y adoptó diversas medidas fiscales, aunque los gremios catalogaron esas y otras decisiones como insuficientes.
La administración Cortizo reafirmó esta semana la “voluntad de dialogar franca y abiertamente con todos los sectores del país, como la mejor vía para unificar esfuerzos y encontrar soluciones que signifiquen el interés general de los panameños”, como parte de su compromiso “para promover la paz social y el bien común”.
Bajo mediación de la Iglesia Católica, una nueva fase de diálogo entre gobiernos y huelguistas se instaló el pasado martes en la centro—occidental provincia (estado) Coclé.