El gobierno de Panamá anunció esta noche que “ante la ruptura del orden democrático en Venezuela ”, estableció el requisito de visa como muro de contención para impedir que prosiga la masiva migración a suelo panameño de venezolanos que huyen de la profunda crisis institucional, política y socioeconómica de ese país.
El presidente panameño , Juan Carlos Varela , informó que a partir del 1 de octubre próximo, los venezolanos deberán gestionar y obtener una visa para ingresar a Panamá.
“Ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, situación que pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía, las fuentes de empleos de los panameños y panameñas, y luego de un profundo análisis, he tomado la decisión de exigir visas a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Panamá”, informó Varela en un mensaje al país.
La visa deberá estar estampada en el pasaporte. Los venezolanos han disfrutado del derecho a entrar a Panamá como turistas y sin necesidad de visa pero para una estadía de un máximo de 90 días, ya que vencido ese plazo tienen obligación de salir y permanecer al menos un mes en el exterior para poder reingresar.
El beneficio de los venezolanos de viajar a Panamá sin visa vence el 30 de septiembre próximo.
Las medidas se mantendrán hasta tanto se recupere el orden democrático, se restaure la Constitución y se respeten los derechos humanos en Venezuela, dijo el gobernante.
“Consecuentes con nuestro compromiso de solidaridad y trato humanitario, otorgaremos estatus migratorio a los 25 mil venezolanos que fueron debidamente censados hasta el 30 de junio de 2017”, informó.
Sin embargo, un recuento del gobierno de Panamá basado en un corte a mediados de julio de 2017 mostró que en esa nación hay más de 75 mil venezolanos que viven en condición legal, ilegal, en vía de regularización migratoria, encubiertos como turistas o con una doble nacionalidad que, como portuguesa, española, italiana o estadounidense, les concede ventajas.
Las alarmas sobre la masiva presencia de venezolanos se activaron en Panamá desde hace varios meses, pero llegaron a un punto de profunda preocupación gubernamental en julio de este año.
La alerta resonó con fuerza luego de que unos 50 mil venezolanos participaron en suelo panameño en un plebiscito que se efectuó el 16 de julio pasado y que, convocado por la oposición política antichavista, se realizó dentro y fuera de Venezuela y que, entre otros objetivos, rechazó y desconoció la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada este mes por el chavismo luego de unas elecciones realizadas el 30 del mes anterior.
Varela explicó que son “medidas difíciles”, pero advirtió que la situación en Venezuela ha empeorado por la decisión la semana pasada por la ANC de disolver la Asamblea Nacional de esa nación, electa en diciembre de 2015, en funciones desde enero de 2016 y controlada por la oposición. Ese acto de la ANC irrespeta los principios democráticos y la paz social y fue adoptado en contra de la voz del pueblo.
Panamá, añadió el mandatario, seguirá contribuyendo, como lo ha hecho hasta el momento, para encontrar una solución política negociada entre los venezolanos que termine con la crisis actual.
La profunda crisis política, institucional y socioeconómica que sacude a Venezuela se agravó desde finales de marzo de este año, lo que precipitó en los últimos cuatro meses y medio en una creciente fase de violencia, severo desabasto de bienes de consumo básico, alimentos y medicinas y deterioro generalizado de la situación venezolana y su impacto internacional.
El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, niega que en ese país haya ocurrido una ruptura del orden constitucional y reafirma que la elección de la ANC está apegada al respeto constitucional. Maduro acusa que un grupo de países americanos al servicio de Estados Unidos, entre los que menciona a Panamá, México, Colombia, Brasil y Costa Rica, están confabulados en contra de la revolución bolivariana instalada a partir de que Hugo Chávez, líder del régimen y fallecido en marzo de 2013, asumió la presidencia en 1999.