Caracas.— Venezuela criticó ayer que Chile, Colombia y México desestimaran a priori la denuncia de que funcionarios de esos países habrían tenido participación en un presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, mientras el gobierno mexicano convocó a la embajadora de ese país.
El gobierno venezolano “esperaba la coherente y transparente colaboración (...) de dichos países a fin de conducir las necesarias investigaciones de sus instituciones”, señaló la cancillería en un comunicado.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que pese a los “aspavientos” y la “huida adelante” de los tres gobiernos, Venezuela “todavía espera que digan que van a investigar”.
Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que citó a la embajadora de Venezuela en México, María Lourdes Urbaneja Durant, para entregarle una nota en la que se reitera que el gobierno de México rechaza categóricamente “las infundadas acusaciones” que el Ministro de Comunicación de Venezuela realizó sobre una supuesta participación de personal diplomático mexicano en apoyo de uno de los presuntos responsables del ataque contra el presidente Maduro.
La Cancillería indicó que durante el encuentro el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, reiteró a la embajadora el enérgico rechazo del gobierno de México por las infundadas acusaciones y reiteró que los diplomáticos mexicanos en todo momento han actuado conforme al derecho internacional y la Convención de Viena.
El domingo, el ministro Rodríguez pidió a México, Colombia y Chile aclarar si funcionarios de sus embajadas en Caracas apoyaron la fallida fuga de uno de los señalados responsables del estallido de dos drones con explosivos durante un acto militar encabezado por Maduro, el pasado 4 de agosto.
Rodríguez planteó la solicitud al anunciar la captura de esa persona y otros dos implicados en el hecho, que Maduro denuncia como un “magnicidio en grado de frustración” y detrás del cual, asegura, están el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos y opositores venezolanos.
Los gobiernos señalados rechazaron el domingo cualquier participación. Colombia dijo que las acusaciones “carecen de todo fundamento”, mientras México repudió la denuncia y las “infundadas acusaciones” al personal diplomático mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno “actúa con respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior en la Constitución”.
Chile envió una nota de protesta al encargado de negocios de la embajada venezolana en Santiago en rechazo a los señalamientos, informó el canciller Roberto Ampuero, quien los atribuyó a “maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país”.
El gobierno de Venezuela indicó que “llama la atención el tono y argumentos empleados por los gobiernos de los tres países, que en lugar de aclarar las circunstancias que han denunciado los terroristas confesos, tienden a victimizarse”
“La reacción de negación a priori (...) lleva a prefigurar total desinterés hacia cualquier investigación objetiva con el propósito de ocultar vínculos y responsabilidades”, denunció la cancillería.
En confesiones en video difundidas por el ministro, uno de los detenidos, Henryberth Rivas, relató que una mujer —que está prófuga— le instruyó para que contactara a un diplomático chileno en su domicilio y coordinara con él la huida, con la supuesta complicidad de funcionarios colombianos y mexicanos.
“Ninguna de estas aseveraciones las está haciendo el gobierno de Venezuela. El gobierno lo que pide es que aclaren si eso es cierto y que investiguen”, insistió ayer Rodríguez.
“Estamos en disposición de presentarles estas confesiones, pruebas y testimonios”, añadió.
Rodríguez adelantó que el canciller venezolano citaría a los representantes de los tres países en Caracas. “No hay inmunidad diplomática en el caso de encubrimiento de terroristas”, advirtió.
Acusa a países de querer “agredir” a Maduro. Venezuela aseguró ayer que la intención de cinco países de pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) la apertura de un caso sobre la situación en el país es una estrategia para “agredir” al gobierno y al presidente, Nicolás Maduro.
Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú tienen previsto firmar este martes una carta para solicitar a la CPI una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Se trata de buscar distintas estrategias para agredir a Venezuela, a nuestro presidente”, dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en declaraciones en la sede de la ONU.