San José. – Colombia, Perú y Bolivia, que son los principales productores mundiales de cocaína, y Ecuador pactaron un nuevo plan de combate al narcotráfico a México, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, Europa, Asia y Oceanía y a otras modalidades del crimen organizado, en un intento por revertir la grave crisis ecuatoriana de inseguridad y sus efectos expansivos en una zona apetecida por mafias americanas y europeas.
En un reflejo de la inquietud externa por el incesante desgaste ecuatoriano, una comitiva del gobierno de EU llegó ayer a Ecuador, y permanecerá hasta el jueves próximo, para evaluar y definir con sus contrapartes nacionales la asistencia militar, policial, financiera, de inteligencia y de equipos de Washington a Quito para enfrentar a la delincuencia organizada.
La delegación, encabezada por Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas, y la comandante del Comando Sur de EU, generala Laura Richardson, dialogará con el gobierno de Ecuador “para acelerar la cooperación bilateral en materia de seguridad”, reportó ayer la embajada de EU en Quito.
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“Financiar al conflicto armado interno requiere recursos”, advirtió la socióloga, experta en derechos humanos, científica social y relacionista internacional ecuatoriana Johanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del (estatal) Instituto de Altos Estudios Nacionales, de Quito.
“Este combate necesita financiamiento. Ecuador sufre severas dificultades de seguridad y también una crisis económica muy fuerte. Lo que se buscaría es conseguir ese tipo de colaboración, en equipos, tecnología, armamento, capacitación, etcétera, para fortalecer este combate y financiar este combate armado interno”, dijo Espín a EL UNIVERSAL.
“Hacia donde se está apuntando en la comunidad andina es a reforzar la cooperación en algunos ámbitos”, destacó Espín.
“Falta un liderazgo regional. Tampoco hay recursos. Sin liderazgo, hay falta de confianza en compartir información sensible”, reveló, por su parte, el general ecuatoriano en retiro Mauro Vargas, exdirector general de Inteligencia de la Policía Nacional de Ecuador.
De 2004 a 2018 “se quiso organizar un centro” de los países de América del Sur “para luchar contra el crimen organizado”, pero todo “desapareció y cada país tiene su propia visión política” de respuesta para sus problemas del momento, planteó Vargas a este diario.
Sin un núcleo regional para aglutinar fuerzas, “otro problema serio” es que las legislaciones varían “en cada país” y sin lograr unificarlas ni acceder a datos, señaló.
El conflicto se agravó el 8 de este mes, cuando el presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, impuso el estado de excepción con toque de queda y, al día siguiente ante una violenta y sangrienta sublevación callejera criminal, declaró el de “conflicto armado interno” y ordenó un masivo despliegue militar y policial.
Suscrito anteayer en Lima por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, el Plan de Acción Resolutivo pondría a prueba la real voluntad política para atacar a la delincuencia organizada regional, transnacional y extrarregional o caer en el riesgo de quedarse en el papel, como desembocaron otros ambiciosos proyectos nacionales, bilaterales y multilaterales anunciados también con pompa.
Colombia, con el 80% de la producción de cocaína, y Perú, con cerca del 15%, y Bolivia con el resto, se consolidaron como piezas esenciales del contrabando internacional de drogas.
La iniciativa definida en Lima incluirá, entre otros factores, operaciones fronterizas comunes y coordinadas de las fuerzas de seguridad, la cooperación reforzada en antidrogas, migración, penitenciarías, aduanas y tráfico de armas, con intercambio de información de inteligencia, asistencia para atacar la minería ilegal y buscar crear una red andina de seguridad.
Aunque la crisis ecuatoriana de muerte y violencia por las acciones criminales llegó a este mes a un panorama sin precedentes, Noboa aseguró ayer que en ese país “hay más tranquilidad” tras las medidas que dictó hace dos semanas.
En declaraciones a Teleamazonas, un canal televisivo de Ecuador, Noboa alegó que hay “menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, está denunciando también a los vacunadores (extorsionadores) que antes por miedo no lo hacía”.
“Es para mí la victoria más grande”, proclamó el gobernante, cuyo mandato de transición será de apenas 18 meses—del 23 de noviembre de 2023 al 21 de mayo de 2025—al recortarse el cuatrienio de su predecesor (el centroderechista Guillermo Lasso), mientras que las tribulaciones de seguridad en Ecuador ya cumplieron más de 20 años.
La penetración progresiva a suelo ecuatoriano de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzó hace más de dos décadas para llegar a convertir a Ecuador en plataforma
Sinaloa y CJNG extendieron sus cadenas de tráfico de cocaína de Colombia a Ecuador, convertido en trampolín del contrabando aéreo, terrestre y marítimo a Centroamérica, México, EU, Europa, Asia, África y Oceanía.
En ese periodo, la venta de armas de EU a Ecuador sumó apenas 13 millones de dólares, informó el (no estatal) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés).
Las importaciones ecuatorianas de armas de 2000 a 2022 sumaron 725 millones de dólares y, en millones de dólares, los proveedores mayoritarios fueron España (153) Chile (101), Brasil y Sudáfrica (96 cada uno), Venezuela (40), Países Bajos (37) e Israel (33), precisó.
Sin revelar detalles del nexo del cargamento, las Fuerzas Armadas de Ecuador confiscaron anteayer 22 toneladas de cocaína en la zona central del país, en lo que describió como una de las mayores incautaciones del estupefaciente en la historia ecuatoriana.
Las autoridades militares mostraron gran cantidad de paquetes del alcaloide con marcas de aerolíneas de Europa, Asia y América Latina que aparentemente indicarían las rutas de los presuntos destinos de la droga.
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