Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, el 15 de septiembre. El Departamento de Justicia estadounidense detalló que la acción “fue resultado de la cooperación policial entre EU y México”.
El integrante de uno de Los Chapitos fue detenido el 5 de enero en Jesús María, en la sierra sinaloense. De 33 años, las autoridades estadounidenses lo acusaron de inundar con fentanilo a la nación. Al confirmar su extradición, el fiscal General Merrick Garland declaró que “el Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a los responsables de alimentar la epidemia de opioides que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país”.
En abril de este año, la Justicia estadounidense presentó cargos en tres distritos federales distintos contra Guzmán López y tres de sus hermanos por haber presuntamente asumido el liderazgo del Cártel de Sinaloa, tras el arresto y la posterior extradición de su padre a EU.
En Chicago, Ovidio enfrenta los cargos de conspiración para distribuir en Estados Unidos cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana; empresa criminal continua; importar, fabricar y distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; conspiración de lavado de dinero ilegal, y posesión de arma de fuego, de los que se declaró “no culpable”.
La jueza Sharon Johnson Coleman, del Distrito Norte de Illinois, Chicago, había ordenado que se le mantuviera bajo custodia en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago. Las cortes estadounidenses que lo requieren, además de Illinois, son las de los distritos federales del Sur de Nueva York y la del Distrito de Columbia en la capital estadounidense.
El 17 de noviembre volvió a comparecer y se acordó que la próxima audiencia se llevará a cabo el 18 de marzo de 2024.
Los cargos en los distritos federales del Sur de Nueva York, el Norte de Illinois, y el Distrito de Columbia se emitieron por una pesquisa sobre “la mayor, más violenta y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo”, liderada por el cártel y “alimentada por compañías farmacéuticas chinas”.
“Se alega que Los Chapitos obtuvieron y transportaron repetida y consistentemente cantidades de varias toneladas de cocaína desde y a través de América Central y del Sur”, señaló el Departamento de Justicia en abril pasado. Además se les acusa de haber colaborado en el trasiego de heroína, metanfetaminas y marihuana.
En el Distrito Sur de Nueva York se revelaron cargos de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero contra 28 acusados, incluidos tres de los Chapitos; altos lugartenientes y líderes del Cártel de Sinaloa; presuntos fabricantes y distribuidores del fentanilo; los directivos del violento aparato armado de seguridad que protege las operaciones de narcotráfico; los sofisticados blanqueadores de dinero que repatrian las ganancias de la droga del Cártel a México; y múltiples proveedores de precursores químicos en China que alimentan la operación de distribución de fentanilo.
Según documentos judiciales, Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y sus cómplices supuestamente controlaban operaciones extensas, multifacéticas e internacionales que cubrían el comercio de fentanilo. A través de estos esfuerzos, Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa supuestamente obtuvieron cientos de millones de dólares en ganancias al inundar Estados Unidos con fentanilo, reportó el Departamento de Justicia. Ovidio Guzmán está mencionado en una acusación separada que alega los mismos delitos. En el Distrito de Columbia, una corte lo requiere por narcotráfico y lavado de dinero.
En el año también se realizó el esperado juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México. García Luna fue declarado culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno de engañar a la autoridad migratoria.
“García Luna, quien estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los miembros honestos de los cuerpos de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”, dijo el fiscal estadounidense Breon Peace en un comunicado, tras conocerse el veredicto.
“Es inconcebible que el acusado haya traicionado su deber como secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que estaban manchados con la sangre de las guerras de los cárteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de Estados Unidos y México, a cambio de proteger a aquellos asesinos y traficantes que juró solemnemente investigar”, añadió”.
La sentencia se aplazó para el 1 de marzo de 2024; sin embargo, el 15 de diciembre pasado, el abogado César de Castro presentó una solicitud para que el juicio se repitiera, luego que dijera haber recibido “nuevas pruebas.
De acuerdo con De Castro, hubo inconsistencias con los testigos, quienes incluso habrían mentido; no se informó que la CIA realizó controles de confianza al mexicano y a su círculo cercano, incluyendo la prueba del polígrafo; además, los testigos convictos cooperantes se habrían comunicado previamente al juicio, mediante celulares de contrabando.
La defensa encabezada por César de Castro alegó que “el gobierno violó las obligaciones Brady, “al no entregar los documentos exculpatorios en su posesión que responder directamente a las exigencias de la regla Brady”.
Los documentos fueron presentados en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn. Los fiscales ahora podrán responder a las acusaciones de De Castro. Posteriormente, el juez Brian Cogan, encargado del caso, decidirá si concede o no un nuevo juicio en un proceso que podría durar varias semanas.