Para terminar con la larga historia de dictaduras, el país con más pobres del continente (67.4% de poco más de 8 millones de habitantes) aprobó en 1982 una nueva Constitución que prohibió la reelección presidencial.
En lo sucesivo se alternaron pacíficamente los dos partidos hegemónicos –el Nacional y el Liberal—, hasta que en 2009 el presidente liberal, Manuel Zelaya, intentó consultar a la población sobre la pertinencia de actualizar la Constitución mediante un referéndum no vinculante.
Argumentando que pretendía eliminar la no reelección para perpetuarse en el poder, los nacionalistas orquestaron un golpe de Estado: militares al servicio de la oligarquía enviaron al mandatario a Costa Rica ¡en pijamas! Ocupó ilegítimamente la presidencia Roberto Micheletti, y después por elecciones Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández: el hijo del primero y el hermano del segundo están acusados en Estados Unidos de narcotráfico. Bajo el absolutismo nacionalista la Suprema Corte de Justicia certificó que no hubo golpe de Estado sino “una sucesión constitucional” y el Congreso mañosamente modificó la Constitución para que Hernández pueda reelegirse, ya que es “anticonstitucional que la Constitución prohíba la reelección” (¿?).
Frente a las arbitrariedades para mantener un perverso status quo (10% concentra 40% de la poca riqueza existente en el país más atrasado del continente sólo superado por Haití) se forjó la “Alianza de Oposición contra la Dictadura”, que postuló la candidatura ciudadana del presentador de televisión Salvador Nasralla. Como este aguerrido movimiento popular contra la expandida corrupción, los políticos y los partidos tradicionales ganó las elecciones del domingo 26, la alquimia electoral está impidiendo reconocer su triunfo.
Aunque se anunció que los primeros resultados se darían ese domingo, transcurrió toda la semana sin los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, salvo información a cuentagotas que, casualmente, favorece la reelección de Hernández. Datos iniciales indicaron que Nasralla llevaba la delantera con 5 o 6 puntos, pero mágicamente el jueves Hernández ya superaba a su contrincante con más de un punto. No es de extrañar: el presidente de dicho tribunal, David Matamoros, era presidente del Partido Nacional cuando yo fui embajador de México en Honduras. Es un gravísimo conflicto de intereses que el ex dirigente de un partido político ocupe la jefatura de un tribunal electoral que debe ser imparcial. Esa anómala situación equivaldría a que en México y en plena campaña electoral, ocupara el puesto de Presidente Consejero del INE Ochoa, del PRI; Anaya, del PAN; Barrales, del PRD, o López Obrador, de Morena.
En virtud de que no se conocen los resultados definitivos, que los dos candidatos se proclaman vencedores, que explicablemente se desataron protestas callejeras, que la policía y los soldados están reprimiendo y golpeando, y que el viernes se decretó un toque de queda y la suspensión de algunos derechos constitucionales, súbitamente reapareció la sombra de brutales dictadores como Tiburcio Carías u Oswaldo López Arellano. En síntesis, se dará un nuevo golpe de Estado disfrazado de “elecciones” si la comunidad internacional no impide el fraude en curso y el brutal asesinato de una democracia apenas en gestación. Este trágico episodio conlleva un claro mensaje para otros países: el voto antisistema sigue cundiendo, pero frente a esa creciente tendencia el obsoleto, corrupto, ineficiente y alejado de la población establishment, está dispuesto a cometer cualquier atrocidad para evitar el cambio.
Internacionalista, embajador de carrera
y académico