San José.-
Amnistía Internacional (AI), la organización mundial independiente de defensa de los derechos humanos, sentenció hoy que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sembraron el terror en Nicaragua desde el estallido en abril de este año de la más grave crisis política en ese país desde 1990 y utilizaron la tortura “como método de castigo, fabricación de pruebas, e investigación” para asediar a sus opositores.
En un informe que revelará este jueves en Madrid y que fue entregado a EL UNIVERSAL para ser difundido a partir de las 04:00 horas en el centro de México, AI denunció violaciones a los derechos humanos en los últimos seis meses en Nicaragua y aseguró que esos hechos ocurrieron “no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control”.
“En concreto, se concluye que, como eje vertebral de la política represiva, el Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó ‘terrorista’ o ‘golpista’ a toda persona que se manifestara en contra del gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas”, puntualizó.
“El Estado utilizó de forma extensiva a grupos parapoliciales armados, hizo un uso deliberado y generalizado de la fuerza letal para enfrentar la protesta, y usó armas de tipo militar, en ocasiones de manera indiscriminada”, describió, al exponer que “no solo se dio un uso excesivo, desproporcional y en muchas ocasiones indiscriminado de la fuerza letal, sino también posibles ejecuciones extrajudiciales”.
El documento, que se denomina “Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua” y exhibió el panorama nicaragüense del 30 de mayo al 18 de septiembre pasados, fue dado a conocer al cumplirse hoy seis meses del inicio de la más profunda crisis política, socioeconómica e institucional del siglo XXI en ese país y la peor desde 1990.
El conflicto estalló el pasado 18 de abril con protestas callejeras antigubernamentales que inicialmente rechazaron una reforma a la seguridad social que Ortega debió derogar pero que luego prosiguieron incesantemente y se convirtieron en un masivo e incesante reclamo de democracia y justicia, tras acusar a la pareja gobernante de instalar una dictadura dinástica que cercenó las libertades en Nicaragua.
El documento sobre Nicaragua de Amnistía Internacional (AI), organización global de protección de los derechos humanos, mostró fotografías de los cuerpos represivos del gobierno nicaragüense. (Informe AI).
Por la diferencia de hora entre Madrid y Managua, el gobierno nicaragüense todavía no se ha pronunciado sobre el reporte de AI. De manera reiterada, y ante otros informes de organismos internacionales de derechos humanos que les acusaron de desatar una intensa represión política, Ortega y Murillo rechazaron las acusaciones, negaron que en las fuerzas estatales haya aparatos paramilitares o parapoliciales y alegaron que son documentos preparados por grupos promotores de políticas de muerte, terror y mentira.
AI, con sede en Londres, explicó que para elaborar esta memoria que divulgó en la capital española, realizó dos misiones de documentación a Nicaragua y Costa Rica en julio y septiembre y constató 25 casos de violaciones de derechos humanos, como “elementos que conforman la estrategia represiva del Estado para sofocar la protesta” de los opositores.
Un primer recuento de AI, que se denominó “Disparar a matar: Estrategias represión de la protesta en Nicaragua”, denunció la estrategia represiva estatal en las cuatro primeras semanas de la crisis.
Recuento.
Al recordar que, en abril y mayo, el gobierno de Ortega “hizo un uso excesivo, desproporcionado y a veces innecesario de la fuerza, e implementó una estrategia en ocasiones deliberadamente letal en contra de los manifestantes”, AI subrayó que “la negativa” oficialista “a cesar la represión, así como el elevado número de muertos y heridos a manos de agentes del Estado y sus turbas (que se transformaron rápidamente en auténticos grupos parapoliciales armados), aumentó la indignación social”.
Frente a las acciones opositoras de levantar barricadas o “tranques” como protesta y defensa ante los ataques a la población civil, “la respuesta del gobierno fue recrudecer su estrategia represiva”, precisó.
Al igual que al principio de la crisis, “el Estado no investigó de oficio, de forma exhaustiva, pronta e imparcial las posibles violaciones de derechos humanos, y mantuvo el acoso a las víctimas y familiares”, puntualizó.
“De igual manera, se concluye que el Estado usó la tortura como método de castigo, fabricación de pruebas, e investigación con el fin de obtener información” sobre cómo se organizaban las protestas “y quiénes la lideraban”, refirió.
Según la organización mundial, “en varios casos documentados, a pesar de haber transcurrido más de un mes, se observaron lesiones físicas en varias personas al momento de la entrevista con Amnistía Internacional. La detención arbitraria de numerosas personas y el incumplimiento a varias garantías procesales como estrategia para desarticular la protesta fue otro de los hallazgos”.
“A pesar de que las personas deberían haber sido puestas a disposición de un juez dentro de las 48 horas después de su detención, se documentaron casos donde este control tuvo lugar muchos días después”, reveló.
La indagatoria “identificó la inefectividad de los recursos de habeas corpus o de ‘exhibición personal’”, así como “la constante denegación de exámenes médicos para comprobar la integridad física de las personas detenidas”.
También determinó que “como consecuencia de un escenario de persecución generalizado”, hay un desplazamiento interno y una migración forzada de miles de personas.
Solicitud.
AI exhortó a Ortega “a desmantelar y desarmar a los grupos parapoliciales de forma inmediata y garantizar que las fuerzas policiales actúen de acuerdo con los criterios de uso legítimo, proporcional y necesario de la fuerza en contextos de manifestaciones”.
Asimismo, la organización instó al presidente “con carácter urgente a poner fin a la estrategia de persecución y detenciones arbitrarias de personas que se manifiestan en contra del gobierno, y a garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación”.
Ortega y Murillo ya negaron ser culpables de la represión, rechazaron la exigencia opositora de que dimitan y adelanten los comicios presidenciales de 2021 a 2019 y replicaron que los opositores respondieron a un intento del gobierno de Estados Unidos aliado con fuerzas derechistas de Nicaragua para promover un golpe de Estado y se convirtieron en golpistas, terroristas, vandálicos y delincuentes.
El número de muertos oscila entre 322 y más de 450, según organismos nicaragüenses no estatales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acusaron a los gobernantes de desplegar una intensa represión política con fuerzas policiales y paramilitares. El gobierno solo reconoció 199 muertos.