San José
.- En un recrudecimiento de la represión a las fuerzas políticas opositoras, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , ilegalizó las marchas callejeras de protestas antigubernamentales que estallaron en ese país desde abril pasado y que dejaron centenares de muertos, heridos y presos.
La decisión presidencial fue anunciada por la Policía Nacional de Nicaragua en una “nota de prensa” que emitió ayer y en la que también advirtió que castigará judicialmente a los dirigentes que convoquen a las marchas callejeras.
“Ante cualquier alteración y/o amenaza”
a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, “serán responsables y responderán” ante la justicia, las personas y organismos “que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, advirtió la Policía .
Al responsabilizar a los organismos y personas “que han convocado y convocan a estas actividades ilegales, y nada pacíficas, de cualquier amenaza, daño, o riesgo” a la vida, a la dignidad de la persona, o daño a bienes particulares o estatales, la Policía alertó: “Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”.
Informes de comitivas de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Estados Americanos (OEA) divulgados tras el estallido en abril de la crisis nicaragüense, la más grave del siglo XXI y la peor desde 1990 , reafirmaron que la Policía Nacional se consolidó como el principal aparato gubernamental para ejecutar los actos de represión de los últimos meses.
Rechazo
En un escenario de permanente turbulencia política interna, la nueva decisión de Ortega por la vía policial fue rechazada por los opositores.
“ Estamos entrando de facto a una situación de estado de excepción ”, denunció la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra , coordinadora de investigaciones del no estatal Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) , de Nicaragua , y especialista en análisis de conflicto y de seguridad.
En una entrevista con EL UNIVERSAL , Cuadra afirma que Ortega , con la nota policial, “lo que hace, de facto, es suspender derechos fundamentales que están consignados en la Constitución” y en las cartas de derechos humanos de la ONU y de la OEA “y que se refieren a la libertad de expresión, de movilización y de reunión de las personas en Nicaragua ”.
Ortega
“está en la práctica declarando que las marchas y las manifestaciones públicas de los ciudadanos quedan literalmente prohibidas y que a quienes las organicen y participen en ellas, la Policía se arroga el derecho de detenerlas. Eso es una suspensión de facto de garantías constitucionales”, explicó.
Todos esos factores se suman a “otros acontecimientos como que la gente, por temor, ya no sale en las noches y casi que se ha impuesto un horario límite en las noches para circular en las ciudades. Y eso aunado a que a los detenidos se les está procesando de manera irregular, sin apego a la ley, entonces de hecho eso conforma en la práctica un estado de excepción”, puntualizó.
“El estado de excepción el gobierno no se atreve a decretarlo (directamente), porque ha construido un discurso de que todo está normal y de que el país funciona normalmente. Eso contravendría ese discurso, pero también lo haría quedar mal ante la comunidad internacional y sumaría un elemento más a los informes” de la ONU y de la OEA sobre “la grave” situación de los derechos humanos en Nicaragua, subrayó.
Por su parte, el periodista opositor nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Barrios , director del diario digital Confidencial, y de Esta Noche, un programa televisivo, escribió en su cuenta de Twitter que “ Ortega impone estado policial” .
En alusión indirecta a Ortega , el comunicador acusó que “el Jefe Supremo de la Policía viola la Constitución al declarar ‘ilegales’ las marchas pacíficas contra la dictadura”. Chamorro Barrios es hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal —asesinado en 1978 en Managua como director del diario La Prensa, el principal de Nicaragua —y de Violeta Barrios, presidenta nicaragüense de 1990 a 1997.
Citada por Confidencial, la abogada constitucionalista nicaragüense Azahálea Solís , de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunció que “es un acto gubernamental de criminalización de la protesta ciudadana. Se quiere convertir en delito un derecho fundamental”.
En una costumbre de su estrategia informativa, el gobierno nunca responde a las consultas periodísticas independientes, o de corresponsalías internacionales, para pedirle reacciones a las denuncias de las fuerzas opositoras.
Precedido por múltiples confrontaciones políticas desde que Ortega asumió la presidencia en 2007, al actual conflicto estalló el pasado 18 de abril con protestas callejeras antigubernamentales primero en repudio a una reforma a la seguridad social y luego en un masivo reclamo nacional de democracia y justicia.
En una crisis con una cifra de muertos que, según organismos nicaragüenses no estatales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), oscila entre 322 y más de 450, una agencia de la ONU culpó el pasado 29 de agosto a Ortega de lanzar una “respuesta represiva” a las protestas pacíficas que comenzaron en abril. El gobierno desplegó “el uso de la fuerza letal” de efectivos policiales y paramilitares contra “amenazas no letales” de los opositores pacíficos, recalcó.
Ortega, cuyo gobierno sólo reconoce 199 muertos, refutó las acusaciones en su contra y, entre otros alegatos, negó que haya represión y paramilitares, rechazó adelantar los comicios de 2021 a 2019 y replicó que son opositores derechistas que responden a una maniobra de golpe de Estado en su contra impulsada por Estados Unidos. La oposición, recalcó, es golpista, terrorista y vandálica y busca revocar lo que definió como logros sociales de sus más de 11 años de gobierno.
Mientras, El 19 , uno de los principales periódicos digitales del aparato de propaganda del oficialismo, destacó desde ayer que “ante las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades, la Policía Nacional decidió que “grupos que convoquen a movilizaciones ilegales responderán ante la justicia”.
agv
