San José.— Tras la liberación a inicios de este mes de 222 prisioneros políticos nicaragüenses y su expulsión y destierro a Estados Unidos, Nicaragua se hundió en días de miedo y de terror por la implacable cacería de opositores y activistas de derechos humanos lanzada por el régimen del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con sus fuerzas policiales y paramilitares.
La persecución se intensificó luego de que el Poder Judicial de Nicaragua, dominado por Ortega y Murillo, anunció anteayer que acusó a 94 personas de traición a la patria, los declaró prófugos de la justicia y despojó de su nacionalidad y sus bienes.
“Esta arremetida indica que la situación en Nicaragua sólo empeora”, adujo el abogado Eliseo Núñez, exdiputado opositor asilado en Costa Rica y uno de los 94. “Ortega dejó en claro que lo que mucha gente interpretó como gesto de buena voluntad al liberar a los 222, simplemente fue un símbolo de la cerrazón total y que, a partir de ahí, no admite en Nicaragua a nadie que opine diferente. Es romper con cualquier opinión o pensamiento con que él esté en desacuerdo”, dijo Núñez a EL UNIVERSAL.
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La crisis en Nicaragua “ya debería de preocupar a la región: [Ortega] está haciendo ejemplo de que la violación sistemática de los derechos humanos y la falta de Estado de derecho no son motivos para que se le castigue o aís- le”, agregó. Ortega y Murillo “tienen entre sus filas a gente que dice que hacen las cosas porque pueden hacerlas, sin ninguna otra justificación”, reveló.
Fuentes opositoras nicaragüenses recordaron a este diario que entre las 94 personas hay varias que viven en el país y persiste el temor de que sean localizadas y encarceladas por los escuadrones policiales y paramilitares gubernamentales.
En ese grupo está la abogada Vilma Núñez, presidenta del (no estatal e ilegalizado) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y residente en Managua, la capital.
Otras están desde hace varios años en el exilio, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro y Luis Carrión, uno de los nueve comandantes jerarcas de la guerrilla izquierdista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que, con Ortega, entraron triunfantes a Managua al caer la dictadura somocista en 1979 e iniciar la revolución, que gobernó hasta 1990. El FSLN está dominado por Ortega.
La situación en Nicaragua “es de locos”, narró el mayor nicaragüense en retiro, Roberto Samcam, en el exilio en Costa Rica y otro de los 94. “Pone en evidencia la irracionalidad de un régimen que cada vez se pone más al margen del derecho y las leyes internacionales”, declaró Samcam a este periódico. La meta de la pareja “es inmovilizarnos en donde estemos”, recalcó. Entre los 94 hay defensores de los derechos humanos, opositores, militares en retiro, periodistas, intelectuales y religiosos.
“Resulta alarmante este mecanismo de represión contra quienes se atreven a cuestionar o criticar al régimen”, alertó el (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), instancia jurídica interamericana. “Nos preocupa particularmente la situación en la que quedan las personas que permanecen en Nicaragua”, dijo en mensaje a este medio.
Los 222 y los 94 adujeron repetidamente que son víctimas de la persecución política que se desató en Nicaragua a partir de abril de 2018, cuando estallaron fuertes protestas contra Ortega y Murillo, en un movimiento opositor que los acusó de ser una dictadura dinástica violadora de derechos humanos y exigió democracia, libertad y elecciones libres. Ortega y Murillo rechazaron las denuncias y adujeron que en 2018 frustraron un intento de golpe de Estado terrorista ejecutado por los opositores en asociación con EU.
Al encarcelar en 2021 a sus rivales políticos, el poderoso dúo les impidió competir en los comicios presidenciales de noviembre de ese año y se reeligió en una consulta en las urnas calificada por los opositores, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), como ilegítima y farsa. El gobierno defendió su legitimidad.
En un acto sorpresivo que ejecutó el 9 de este mes, el régimen desterró en avión a los 222 a EU y también les quitó su nacionalidad. El Poder Judicial de Nicaragua, controlado por Ortega y Murillo como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral, los sentenció en 2022 a prisión (domiciliaria o carcelaria) por menoscabar la independencia y la soberanía e incitar a la violencia y “al terrorismo”, entre otros cargos. La condena a prisión se cambió por destierro a EU.
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