Managua.— El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó ayer que no retornará al diálogo nacional, mediado por la Iglesia católica, porque “no funcionó” y ahora su gobierno trabaja en conversaciones “desde la base”. En cambio, consideró un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
“Se hizo un intento y sencillamente no funcionó, primero, porque era televisado”, dijo el mandatario al canal alemán Deutsche Welle.
Ortega anunció que ahora están trabajando un diálogo “desde la base”, es decir entre la misma población de las comunidades.
En otra parte de la entrevista, el mandatario nicaragüense descartó cualquier posibilidad para adelantar las elecciones presidenciales de 2021.
La crisis en Nicaragua inició en abril pasado y el diálogo se instaló a mediados de mayo, pero se ha desarrollado de forma intermitente y está suspendido desde el 25 de junio, cuando celebró su última sesión.
El presidente Ortega ha calificado a los obispos de la iglesia Católica de Nicaragua (mediadora en el diálogo) de “golpistas” y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
En otra entrevista con France 24, Ortega expresó su deseo de reunirse con el presidente de EU, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el próximo 25 de septiembre.
“Estoy dispuesto a conversar con él, claro que sí”, dijo Ortega.
Ortega insistió en que EU está detrás de un supuesto “golpe de Estado” contra su gobierno, pese a lo cual aclaró que no hablaría con Trump específicamente de la situación en su país.
“Yo no hablo sólo de Nicaragua, yo hablaría de toda América Latina, es algo necesario, imprescindible, a fin de que América Latina pueda por lo menos hacerse escuchar [ante] Estados Unidos”, dijo.
Por otra parte, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua presentaron un recurso judicial contra la Ley 997, conocida como ley contra el terrorismo, por considerar que está siendo usada como “un arma política” contra la oposición.
El recurso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, una alianza formada por ONG de abogados y defensores de derechos humanos.