Washington.— Estados Unidos está viviendo una nueva oleada con olor a hierba. En este inicio de 2021 varios estados está impulsando leyes para la legalización del cannabis: en las elecciones de noviembre, tres estados (Nueva Jersey, Dakota del Sur y Montana) aprobaron referéndums para su legalización, dando el paso definitivo para que, una vez se redacten los textos legales, pueda estar al acceso de cualquiera (no se espera que sea antes de 2022).
A fines de marzo, dos de los estados con más activismo procannabis: Nueva York y Nuevo México se unieron a los territorios donde, de una forma u otra, es ya legal el consumo de marihuana. En Nuevo México, la gobernadora Michelle Luján- Grisham ratificó la medida en abril. Ese mismo mes, Virginia se convirtió en el primer estado sureño del país en legalizar el uso recreativo de la marihuana.
Es la nueva fiebre del oro verde que parece que retoma su impulso en Estados Unidos. El movimiento iniciado por California y Colorado hace varios años parece tener una nueva tracción, y además de responder a una demanda popular y poner a debate una situación de salud pública, muchos estados la ven como una industria que genera beneficios económicos únicos para las arcas de sus territorios.
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“Es una gran victoria para Nuevo México”, dijo la gobernadora Luján-Grisham, tras la aprobación de la legislación en las cámaras legislativas estatales: “Establecerá una nueva industria que generará una oportunidad económica inmensa en comunidades tanto rurales como urbanas”, reconoció; “trabajadores se beneficiarán de la oportunidad de construir carreras en esta nueva economía; emprendedores se beneficiarán de la oportunidades de crear empresas lucrativas; los gobiernos de estado y locales se beneficiarán de ingresos adicionales”.
En Nueva York, por ejemplo, calculan que podría generar más de 350 millones de dólares en impuestos —que principalmente se dedicarán a acciones en comunidades vulnerables—, y ventas superiores a los mil millones de dólares. Eso sin contar la creación de empresas y empleos en todas las facetas del negocio: cultivo, distribución y venta. “Es un día histórico en Nueva York, uno que corrige los errores del pasado poniendo fin a sentencias de cárcel duras y abraza una industria que hará crecer la economía del estado, y priorizará las comunidades marginadas para que aquellos que han sufrido más sean los primeros en recoger los frutos”, dijo el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, tras firmar la ley.
“Los que se han visto dañados por la fallida guerra contra las drogas, desproporcionadamente comunidades de color, se beneficiarán de un nuevo acercamiento inteligente, justo e igualitario hacia sentencias del pasado”, alegó Luján-Grisham, recordando que parte de la legislación de Nuevo México suprimirá y conmutará sentencias que no se deberían haber aplicado bajo las nuevas normativas.
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Ese cambio de paradigma sobre las comunidades más afectadas en la guerra contra la marihuana es uno de los elementos clave que defienden los activistas. Legalizar, o al menos despenalizar el uso de marihuana —hay un pequeño matiz significativo, que simplificando se resume en que la legalización sería a nivel estatal y la despenalización abrazaría el sistema penal nacional—, implicaría además un cambio radical en el sistema judicial, especialmente en las disparidades raciales.
Según datos del FBI, recogidos en un informe reciente de la American Civil Liberties Union (ACLU), en 2018 se produjeron casi 700 mil arrestos por posesión de marihuana, más del 43% de todas las detenciones por narcóticos y más que todos los arrestos por crímenes violentos en el país.
A pesar de que el consumo se estima prácticamente igual entre razas, un afroamericano tiene cuatro veces más probabilidad de ser arrestado por posesión de cannabis; por tanto, el número de encarcelamientos por estos delitos son también más elevados, aprovechándose de un sistema judicial ya racista de por sí.
“La cuestión ya no es si Estados Unidos debería legalizar la marihuana —que debería— o si la legalización es sobre igualdad racial —que lo es—”, expresa ACLU en su reporte “Un cuento de dos países: detenciones centradas en raza en la era de la reforma de la marihuana”. Sigue: “la pregunta es: cuando los estados lo legalicen, cómo podrían hacerlo a través de lentes de justicia racial para abordar el abanico de daños que han dirigido de forma selectiva sobre las comunidades negras y latinas durante décadas”.
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A nivel federal, el tema no está totalmente frenado, aunque el avance es prácticamente inviable. No falta voluntad legislativa, con demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado preparando leyes para terminar con la prohibición de la marihuana en todo el país. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, incluso prometió que “en breve” se presentará la ley para la descriminalización del uso del cannabis a nivel federal, que básicamente eliminará la marihuana de la lista de “sustancias controladas”, promoverá la igualdad social a través de la descriminalización y se pondrá barreras para que las grandes industrias del alcohol y el tabaco no puedan monopolizar el mercado cannábico, favoreciendo así a los pequeños comercios de comunidades impactadas por la persecución penal por su consumo.
Sin embargo, en la Casa Blanca, se escudan en que hay otras prioridades antes que avanzar en la legalización. Y eso que, durante la campaña, el presidente Joe Biden hizo énfasis en que cree que debería despenalizarse. “Cree en la despenalización del uso de la marihuana, su posición no ha cambiado”, dijo a finales de marzo la vocera Jen Psaki. Sin embargo, no hay avances en ese sentido.
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La vicepresidente Kamala Harris reconoció a principios de abril que es un tema del que todavía no se ha hablado. “Nos hemos centrado en dar comida a la gente, ayudarles a que se pudieran quedar en sus casas, llevar los niños al colegio, que se puedan vacunar”, explicó al San Francisco Chronicle. “Nos ha gastado todo el tiempo”, se justificó. Sus declaraciones no han satisfecho a los activistas, quienes ven como el nuevo gobierno sí tiene tiempo para infraestructura o migración pero no para sus reivindicaciones cannábicas.