Río de Janeiro.— El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) determinó ayer el bloqueo cautelar de bienes de la expresidenta Dilma Rousseff y otros exmiembros del Consejo de Administración de Petrobras por la compra irregular de una refinería en Pasadena, Estados Unidos, en 2006.
El organismo fiscalizador de las cuentas del gobierno afirmó que ese negocio se concretó siguiendo criterios “antieconómicos” y resultó en un perjuicio de más de 580 millones de dólares para la estatal Petrobras.
El TCU ordenó el bloqueo temporario de bienes de la exmandataria —destituida en 2016 por adulterar la cuentas públicas—, junto con los del exministro de Hacienda Antonio Palocci (actualmente preso por el escándalo de desvíos en Petrobras) y del expresidente de la petrolera Sergio Gabrielli, entre otros exintegrantes del Consejo.
El tribunal otorgó 15 días a los implicados para presentar sus explicaciones y recurrir la decisión o resarcir a los cofres públicos por las pérdidas provocadas.
En 2006, Rousseff era la jefa de gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y presidía el Consejo de Administración de Petrobras, cuando la petrolera estatal compró el 50% de la refinería de Pasadena a la belga Astra Oil, por 360 millones de dólares.
Astra había pagado un año antes 42.5 millones de dólares por el total de la planta.
En 2008, Petrobras compró la otra mitad de la refinería porque unas cláusulas en el contrato la obligaron a hacerlo. Finalmente, la operación terminó costando más de mil millones de dólares.
Rousseff reafirmó ayer que el Consejo de Administración no cometió “ningún ilícito” y que presentará su recurso ante el TCU para probarlo.
La compra del 50% de las acciones de Pasadena en 2006 “se hizo con base en evaluaciones e informaciones jurídicas y financieras consideradas íntegras y cabales”, pero que dos años más tarde el Consejo supo que “tales informaciones eran parciales e incorrectas, transmitidas por un director actualmente condenado por corrupción”, añadió la exmandataria a través de su asesoría de prensa.
Denuncia persecución. Dilma Rousseff acusó ayer que el registro que la Policía hizo el martes en la casa de uno de los hijos de Luiz Inácio Lula da Silva forma parte de la persecución con la que el Gobierno intenta impedir que su antecesor participe en las elecciones presidenciales.
“La intención de la Policía fue fomentar la persecución al mayor líder popular de Brasil, que, pese a todo, cuenta con el apoyo del pueblo”, aseguró Rousseff a través de Twitter.
Se refirió a un registro sin mandato judicial que agentes de la Policía Civil del estado de Sao Paulo hicieron en la casa de Marcos Claudio da Silva, uno de los hijos del expresidente, para supuestamente buscar drogas.
La Policía admitió que realizó el registro tras recibir una denuncia anónima sobre la supuesta presencia de drogas alucinógenas en una residencia en Paulinia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.
Posteriormente, los agentes que realizaron la operación dijeron no haber encontrado nada ilegal.
La “invasión”, “basada tan sólo en una denuncia anónima y falsa”, fue “otra acción abusiva cometida por exhibicionismo para los medios de comunicación”, ya que no había ninguna investigación en marcha que justificase el registro, alertó Rousseff.
“Nada fue encontrado en la búsqueda policial, lo que demuestra el abuso cometido por las autoridades tan sólo para alimentar una gran prensa sedienta por escándalos”, acusó la exmandataria.
Agregó que el uso político de las instituciones en Brasil está generando un clima de “excepción que, si no es combatido, se convertirá en el huevo de la serpiente del fascismo”.
El registro de la casa de Marcos Claudio da Silva también fue duramente condenado por los abogados de Lula y por el Partido de los Trabajadores (PT), en el que militan el ex presidente y Rousseff.
De acuerdo con un comunicado divulgado por el PT, la operación policial hecha a partir de una “supuesta y falsa denuncia anónima fue una violencia que tiene que ser explicada por las autoridades involucradas”.
“La persecución a Lula y su familia no tiene límites”, agregó en su nota la dirección de partido que gobernó Brasil por trece años hasta 2016.
Tanto el PT como el propio Lula atribuyen las denuncias por corrupción en su contra a una persecución política para impedirle que dispute las presidenciales del próximo año, en las que aparece como favorito.
El ex mandatario ya fue condenado a nueve años y medio de prisión en uno de los casos por corrupción.