San José. – Con su liderazgo político en la cárcel o en el exilio, dividida, desmovilizada y a la defensiva, sin posibilidad de reabrir la vía electoral y ante el inicio ayer del nuevo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, la oposición nicaragüense ahondó su dependencia de la comunidad internacional para intentar recuperar la democracia en su país.
Cerrados los caminos internos para impulsar un cambio real en el deteriorado rumbo democrático e institucional en Nicaragua, los opositores disponen de escasos instrumentos para obligar a Ortega y a Murillo a sentarse a negociar y están sujetos a la intensidad y al efecto —a mediano y largo plazo— de las sanciones económicas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE).
Aunque 25 de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) declararon el 12 de noviembre pasado como ilegítimos los comicios del 7 de ese mes, cuando Ortega se reeligió para un cuarto quinquenio seguido desde 2007 y Murillo para el segundo a partir de 2017, el foro adoptaría otro castigo: el aislamiento financiero, económico y político de Nicaragua.
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Pero el resultado de las decisiones de la OEA sobre Nicaragua también está en duda, ya que Managua empezó el 19 de noviembre anterior su retiro de ese organismo al aducir que se entromete en sus asuntos internos. El proceso de salida durará dos años y el dúo gobernará al menos hasta enero de 2027, salvo imprevistos.
“El ‘orteguismo’ inicia un nuevo ciclo de régimen dictatorial, aislado internacionalmente, enfrentando un creciente deterioro de su base política y cargando con el yugo de la ilegitimidad nacional e internacional”, escribió el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial y de los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana.
“Sin embargo, la oposición se encuentra en su punto de mayor debilidad organizativa, tras haber sido descabezada por la cárcel, la persecución y el exilio forzado”, agregó.
El conflicto nicaragüense recrudeció en abril de 2018 al estallar, en repudio a un plan social de Ortega, una multitudinaria protesta contra el presidente y la vicepresidenta en demanda de libertad y democracia y que dejó unos 325 muertos, centenares de heridos y decenas de presos.
Acusado de dictadura dinástica, el gobierno negó utilizar la represión, alegó que sufrió una conjura terrorista de golpe de Estado y, en una oleada de arrestos de contrincantes políticos en 2021, los acusó de “hijos de perra” y criminales.
“Las tendencias de la oposición siguen fragmentadas, lo que permite a Ortega seguir en su lógica dictatorial. La fragilidad de la oposición es la fuerza de Ortega”, dijo el economista y sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas, ex profesor universitario en Nicaragua y México y exiliado desde 2018 en Costa Rica.
“¿Esto es irreversible? No. Ortega aparenta ser fuerte, pero tiene muchas debilidades y la más fuerte es la económica. Entrará a un estancamiento de la economía. Si el rebote de 2021 permitió un crecimiento de más del 5% (del Producto Interno Bruto), según organismos externos, en 2022 y 2023 caerá al 1.8% en promedio”, dijo Vargas a EL UNIVERSAL.
“No habrá más empleo e inversiones y se agudizarán las contradicciones sociales, con más pobreza y desigualdad. Ese es el punto débil de Ortega, que puede responder por la vía del diálogo para quitar presión o por la de incrementar la represión. Tendrá que buscar la negociación”, adujo.
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Por separado, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) anunciaron ayer nuevas acciones contra la familia Ortega Murillo y jerarcas militares, electorales y de instituciones estatales. Entre los 12 sancionados por Washington y Bruselas, la UE colocó a dos hijos de la pareja presidencial —Camila y Laureano— y a Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, y EU a la ministra de Defensa, Rosa Barahona.
Ortega y Murillo dominan los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y las fuerzas armadas, policiales y parapoliciales o paramilitares.
Los sancionados “son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho”, argumentó la UE.
Las medidas “apuntan a los cómplices de la represión”, justificó EU.
Ante el acoso foráneo, el gobernante y ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se rodeó ayer de sus principales aliados de América, Asia, Europa y África, desde Cuba, Venezuela y Bolivia a Rusia, China, Irán y Turquía, con la presencia de México y Honduras, para minimizar su aislamiento. Una mayoría de gobiernos americanos y europeos no acudió.
El FSLN, que comandó la insurrección bélica que, en 1979, derrocó a la dictadura somocista (1934-1979) y encabezó la revolución que gobernó hasta 1990, conmemoró ayer 15 años continuos de poder con Ortega —su eterno máximo jefe— y exaltó el nuevo quinquenio del presidente y la vicepresidenta.
“Los enemigos viscerales de (…) Ortega se confabularon con el imperio para tumbárselo a través de un golpe contra el Estado, porque por la vía electoral, que es el único camino legítimo para la alternabilidad del poder, nunca pudieron”, afirmó el político nicaragüense Moisés Pastora en un artículo en El 19, medio digital del FSLN.
“Es tan grande la transformación que de la estructura nacional hizo” Ortega, que “ni el poder de las mentiras, producidas por sus enemigos internos y externos, lograron hacer pestañar ni al Ejército, ni a la Policía, ni a ninguno de los poderes del Estado y menos a un pueblo sandinista que le fue leal y agradecido”, agregó.
En un mensaje desde el oficialismo, Pastora advirtió a los opositores que el pueblo “ahora está alerta para que no le vuelvan a poner tranques, ni lo vuelvan a asesinar, ni torturar, ni ver sus bienes quemados, ni sus hogares e hijos amenazados, ni sus policías muertos, ni sus universidades destruidas, ni los negocios saqueados”.
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