Santiago de Chile.— Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron ayer en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Pandora papers.
Piñera usó “su cargo para negocios personales”, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas.
Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno “no tiene fundamento jurídico”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).
Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso a la AFP. De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo. Se prevé que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre.
El gobierno acusó a la oposición de presentar “una acusación sin fundamento jurídico” en busca de réditos políticos. “Es lo más sucio de la campaña electoral”, afirmó el ministro portavoz, Jaime Bellolio.
La publicación de los Pandora papers colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga. De acuerdo con una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Pandora papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”. El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago. El presidente asegura que no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga porque puso sus activos bajo fideicomisos ciegos en 2009. Además, sostuvo que este tema es una “cosa juzgada”, pues estos hechos “fueron investigados en profundidad” por la Fiscalía y sobreseídos por los tribunales en 2017. La Fiscalía aclaró el viernes que no hay “cosa juzgada”, porque esta venta no estuvo “expresamente” incluida en la causa.