El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dispone de creíbles indicios de un uso excesivo e innecesario de la fuerza en la represión de las protestas antigubernamentales de Bangladesh, según un informe preliminar publicado este viernes.
"La policía y las fuerzas paramilitares parecen haber utilizado con frecuencia la fuerza de manera indiscriminada contra las protestas pacíficas y contra las que presentaban elementos de violencia, empleando balas de goma, granadas de sonido y armas de fuego con munición letal real, incluidos perdigones y balas", indicó el Alto Comisionado citando informaciones creíbles.
Según esto, el uso de escopetas de perdigones, pistolas y rifles por parte de las fuerzas de seguridad para contener a manifestantes armados normalmente de "palos, ladrillos o tipos similares de armas improvisadas", implica un "uso innecesario y desproporcionado de la fuerza".
El informe recoge incluso denuncias del uso de helicópteros y vehículos, que llevaban el logotipo falso de las Naciones Unidas para misiones de mantenimiento de la paz, para atacar a los manifestantes.
La evaluación provisional de la violencia de Bangladesh por parte de la ONU surge justo cuando los tribunales del país reciben una ola de denuncias por delitos de lesa humanidad y genocidio contra la exprimera ministra Sheikh Hasina, y sus colaboradores por la violencia contra los manifestantes.
Las protestas antigubernamentales comenzaron el pasado 1 de julio como un movimiento pacífico estudiantil contra un sistema de cuotas laborales que beneficiaba a los seguidores del Gobierno de la Liga Awami, sin embargo estas se tornaron violentas dos semanas después provocando una revuelta callejera que acabó desalojando a Hasina del poder.
Hasina, que huyó hacia la India el pasado 5 de agosto tras su abrupta dimisión, ha sido acusada en casi una decena de casos de violencia y varios de sus colaboradores han sido arrestados.
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La política que gobernó Bangladesh con mano de hierro por los últimos 15 años, se encuentra presuntamente en India bajo la protección del Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, aunque se desconoce cuál es su estatus legal o si Daca prevé solicitar su regreso.
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