Detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso y una represión policial excesiva, denunció ayer el informe sobre las protestas en Ecuador , que emitió la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet .
El reporte de Naciones Unidas, preparado por una misión enviada especialmente a ese país para evaluar las denuncias de violaciones a los DH, pidió que se investigue el actuar de los agentes de seguridad en las manifestaciones que se desarrollaron entre el 3 y el 13 de octubre.
Bachelet
, además, instó a un diálogo entre todos los sectores del país para evitar una nueva crisis social. Tras haber permanecido en Ecuador entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre por invitación del gobierno ecuatoriano, la misión de expertos recopiló cientos de testimonios que daban cuenta de una represión por parte de la policía y militares que "no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos, por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza", aseguró un documento publicado ayer por Naciones Unidas.
Los enviados realizaron 373 entrevistas a funcionarios de alto nivel del gobierno de Lenín Moreno , representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario, empresarios y víctimas de la represión de los agentes de seguridad. El trabajo en terreno determinó que en las protestas hubo al menos 9 muertos, mil 507 heridos (435 de estos, miembros de las fuerzas del orden) y mil 382 detenidos, "muchos de ellos, arbitrariamente". En ese sentido, la oficina de Bachelet destacó el "patrón inquietante" de arrestos "sin pruebas concretas contra los detenidos", en varios casos de forma masiva.
En muchos situaciones, destacó el documento, existen denuncias que afirman que no se respetó el debido proceso, ya que a los manifestantes apresados se les habría dejado incomunicados y habrían sido trasladados a centros de detención no autorizados, además de demorarles u obstruirles el acceso a sus abogados. En las protestas contra el gobierno de Moreno , que se iniciaron tras la eliminación al subsidio para los combustibles, se vio un "uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes", según los testimonios citados por el reporte.
En sus conclusiones, este asegura que los gases lacrimógenos y perdigones "causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes" en las manifestaciones." Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano", aseguró Bachelet en el documento, en el que afirmó que "las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas", e hizo un llamado a los manifestantes a "no recurrir a la violencia".
La expresidenta chilena, además, exigió que se realicen investigaciones "independientes, imparciales y transparentes" en Ecuador , tanto sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos de las fuerzas de seguridad en el país, como de los saqueos y la destrucción de propiedades públicas y privadas incitadas por "individuos ajenos a la organización de las protestas". Y si bien la alta comisionada reconoció que la fiscalía y la policía han iniciado investigaciones al respecto, puso énfasis en la importancia de que se indaguen las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves en el país.
Según la oficina de la alta comisionada, la señal de algunos medios de comunicación fue cortada durante las protestas, con la sede de uno de ellos allanada por la policía, lo que el reporte considera que "apunta a un esfuerzo deliberado por restringir la capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental para el derecho a la libertad de expresión y opinión". En cuanto a las causas que originaron la crisis social en Ecuador , Bachelet hizo un llamado al gobierno para que se promueva la participación de los ecuatorianos en los asuntos públicos, la cual "debería extenderse a las propuestas sobre medidas económicas y fiscales, incluidas las medidas de austeridad, y especialmente en relación con los grupos de población que puedan verse más afectados".
"La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro", aseguró la alta comisionada.La expresidenta apuntó también a "la histórica y persistente discriminación" contra los pueblos indígenas, que fueron actores principales de la crisis. Esta discriminación "también debería ser objeto de preocupación y prioridad para el gobierno (...) se debiesen definir medidas eficaces que aborden este problema, y reconozcan que constituye una barrera que dificulta la eliminación de las desigualdades económicas estructurales".
Según el informe de la ONU , se registraron más de 100 agresiones a periodistas, realizadas tanto por fuerzas de seguridad como por manifestantes.
agv
