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Bruselas.- La evaluación realizada a México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas concluyó este viernes pidiendo a las autoridades trato digno para los familiares de las más de 111 mil personas cuyo paradero se desconoce en el país.
“Nos parece que la búsqueda de la verdad tiene que pasar por un trabajo muy respetuoso sobre las víctimas, la revictimización es un problema que nos sensibiliza a todos”, aseguró el vicepresidente del Comité el argentino Horacio Ravenna.
Precisó que las medidas que dan solución a los problemas que aquejan al Gobierno respecto a la búsqueda, son el proceso de reparación y la identificación, y no una mala iniciativa como el “censo” implementado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
“Esto no es irritativo para las víctimas, y es una política que va a darle satisfacción a las preocupaciones”, señaló.
De acuerdo con información entregada a la instancia de la ONU por el Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz, las familias que buscan a sus seres queridos enfrentan “la triste realidad de un trato inhumano, desconsiderado y humillante por parte de algunos servidores públicos en muchas instancias”.
Sostiene que esto no sólo revictimiza a las familias, sino que también erosiona su confianza en las autoridades e impide obtener resultados efectivos.
Como solución, la ONG pide celebrar campañas de sensibilización, primero con las autoridades, para que no sigan revictimizando a las familias, y posteriormente con la sociedad en general.
Información similar fue proporcionada por escrito a Ginebra por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
“Testimonios de numerosas compañeras ya visitadas por “censistas”, más que una entrevista, parece una comparecencia judicial en la cual se acusa a los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos desaparecidos, lo que revictimiza y estigmatiza a las familias”, indica el Movimiento.
“En plena campaña pre-electoral, las declaraciones del presidente parecen predecir que el resultado de este “censo” será una disminución de la cantidad de personas desaparecidas, particularmente durante su administración”, alerta.
El examen realizado a México duró seis horas repartidas en tres días y tuvo lugar en seguimiento a la visita de los miembros del Comité al país en noviembre de 2021 y las observaciones presentadas por el Gobierno en agosto de 2022 en reacción al informe de los relatores.
La delegación mexicana, estuvo encabezada por la Jefa de la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Francisca Méndez Escobar, y contó con el apoyo vía videoconferencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.
Durante el interrogatorio, el Gobierno Mexicano eludió los cuestionamientos sobre si se ha investigado o no la cadena de mando involucrada en las desapariciones forzadas, tampoco precisó si hay o no funcionarios públicos que están siendo investigados por estos delitos.
Ante la reiterada pregunta del relator Juan Albán Alencastro por conocer la reacción del gobierno ante la renuncia de dos miembros de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990 por falta de apoyo, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, tomó la palabra.
“Es una comisión Presidencial y ésta cuenta con todos los recursos necesarios para generar todos los servicios y para cumplir con los objetivos del decreto por la cual fue creada”, aseguró.
En la tercera sesión, la relatora Carmen Rosa Villa Quintana, colocó un signo de interrogación sobre la efectividad de los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Sostuvo que 9 personas dedicadas a tareas de búsqueda fueron asesinadas, de las cuales 3 eran beneficiarias del sistema de protección; también han fallecido 4 madres buscadoras, al tiempo que han muerto o desaparecido 28 defensores involucrados con el medio ambiente.
“Nos gustaría saber, mientras están trabajando en un plan de fortalecimiento del mecanismo ¿Qué medidas concretas y efectivas toma el mecanismo para proteger a las personas defensoras de derechos humanos?, ¿Cómo y quienes evalúan su situación de riesgo, atendiendo que también el Comité de Derechos Humanos habría hecho recomendaciones de manera muy concreta?”.
En la ronda de respuestas, Irazoque dijo que en los 10 años de existencia del mecanismo han sido asesinadas 4 personas beneficiarias que tenían la calidad de personas defensoras de derechos humanos y dos se encuentran en calidad de desaparición.
Informó que actualmente unas mil 700 personas se benefician del mecanismo, de las cuales 276 son defensores de derechos humanos enfocados en el tema de desaparecidos, 205 son mujeres y el 77% de ellas se concentra en Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Sonora, Baja California, Guerrero y Jalisco.
Además 61 colectivos de búsqueda también están acogidos por el mecanismo, “instrumento subsidiario” cuyo presupuesto acumulado en cinco años equivale a dos mil 500 millones de pesos.
Quintana también puso el acento en la seguridad de los servidores públicos encargados de investigar los crímenes de desaparición, toda vez que su integridad depende de las instituciones para las que trabajan y no de un mecanismo especializado.
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