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Ginebra.— El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) acordó crear una misión internacional para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, decisión que fue rechazada por responsables del país sudamericano, que la consideraron “destinada al fracaso”. El embajador de Venezuela, Jorge Valero, rechazó la “resolución hostil” presentada por países que incluyen a Argentina, Perú, Chile, Colombia y Brasil al asegurar que se trata de una campaña liderada por Estados Unidos.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez solicitó en la Asamblea General de la ONU que se investigue a Estados Unidos por haber “cometido delitos de lesa humanidad contra Venezuela y el mundo.
“Venezuela solicita se investiguen todas las infames violaciones de la Carta de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos, que han constituido sin duda alguna, así lo han confesado, delitos de lesa humanidad contra Venezuela y el mundo”, reclamó la funcionaria ante la reunión de la ONU.
Sin embargo, para la coalición opositora encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de un centenar de naciones como mandatario legítimo, la decisión del consejo de la ONU es un importante paso.
La investigación “es un impulso tremendo que se le está dando no solamente a la denuncia, sino en este caso al castigo, a la responsabilidad con nombre y apellido de quienes han violado los derechos humanos en Venezuela”, dijo a periodistas en Nueva York Julio Borges, jefe de diplomacia de Guaidó.
El foro de Ginebra adoptó el texto del Grupo de Lima por 19 votos y siete en contra, con 21 abstenciones, en el último día de una sesión de tres semanas.
“Creemos que se necesitan pasos serios y creíbles para la rendición de cuentas”, dijo la embajadora de Brasil, Maria Nazareth Farani.
La resolución condenó la “represión y persecución generalizada” a través de lo que calificó como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, el cierre de los medios de comunicación y la erosión del Estado de derecho. La jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo en un reporte presentado en julio que las fuerzas de seguridad de Venezuela han usado escuadrones de la muerte contra jóvenes y han manipulado los hechos para que parezca que los fallecidos se resistieron al arresto.
Por ese momento, se denunció la tortura y muerte del militar disidente Rafael Acosta, quien fue aprehendido y se encontraba bajo resguardo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La Unión Europea sancionó ayer a cuatro funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolana por este caso y a tres más por violaciones de derechos humanos.
“La Unión Europea [UE] decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, indicó en un comunicado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Cuatro de los funcionarios sancionados están “relacionados con la muerte del capitán Acosta”, precisó el consejo de la UE en otro comunicado, en referencia al militar fallecido a finales de junio en un hospital en Caracas.
Los siete funcionarios venezolanos se unen a los 18 sancionados en 2018 por la UE, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar a los países del bloque.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, había solicitado la adopción de estas medidas en julio durante una reunión con sus pares, basándose en el informe de Bachelet.