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Ciudad de Panamá. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en América Central y el Caribe expresó este miércoles su condena a la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua.
La OACNUDH, que tiene en la Ciudad de Panamá su oficina para América Central y el Caribe, reprobó además que la UCA haya sido calificada como un "centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales" por las autoridades nicaragüenses.
"La OACNUDH recuerda al Estado de Nicaragua que su obligación ante la grave medida de cerrar una universidad, por supuesto motivos de seguridad nacional, debe estar justificada respecto a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
En una declaración difundida a través de sus redes sociales, la oficina del Alto Comisionado alertó además que esta medida de las autoridades nicaragüenses "afecta gravemente el derecho a la educación, indispensable para la realización de otros derechos humanos".
La Justicia de Nicaragua, controlada por el Gobierno que preside Daniel Ortega, ordenó a la jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país, traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, informó este miércoles la institución educativa.
"Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales", explicó la casa de estudios en un correo electrónico dirigido a la comunidad educativa y compartido con EFE.
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La universidad jesuita, cuyo rector es el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender a partir de este miércoles "todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad".
Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.
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