San José.— El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) acusó ayer al gobierno de Nicaragua de haber ordenado una “respuesta represiva” a las protestas que estallaron el pasado 18 de abril y desplegar “el uso de la fuerza letal en contra de amenazas no letales”.
En un reporte sobre la situación en Nicaragua, difundido ayer, el organismo determinó que la respuesta de las autoridades a las protestas “no cumplió con los estándares aplicables” en materia de derechos humanos.
“Aunque algunas manifestaciones se tornaron violentas, la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos”, aseguró en el informe Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el Contexto de las Protestas en Nicaragua.
Precisó que “el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales, también fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta de las autoridades reprimió sistemáticamente la disidencia al gobierno”, sentenció.
Igualmente, registró “desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención”, además de la criminalización de los líderes sociales.
Agregó que no ha encontrado indicios que ratifiquen que las manifestaciones contra el gobierno constituyan un intento de golpe de Estado, como denuncia el presidente Daniel Ortega.
Al respecto, el gobierno de Ortega consideró que el organismo se “extralimitó” con su informe, rechazó las acusaciones y reprochó que el título “prejuzga la actuación del Estado al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas”.
Insistió en que el informe ignora que “lo sucedido en Nicaragua fue un intento de golpe contra el orden constitucional”.
En tanto, la policía de Nicaragua presentó ayer a siete líderes estudiantiles a quienes acusa de crear “terror y zozobra” y de la muerte de otro universitario.
