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Seúl
.- Una ONG surcoreana aseguró haber localizado cientos de patíbulos y fosas comunes empleados regularmente por el régimen norcoreano.
En este informe, la organización Grupo de Trabajo para la Justicia Transitoria ( TJWG por sus siglas en inglés) asegura haber logrado situar en un mapa 323 lugares empleados comúnmente para realizar ejecuciones en Corea del Norte , país en el que la violación de derechos humanos es sistemática según la ONU .
A su vez, también dice haber logrado conocer la localización de lugares empleados como fosas comunes para personas ejecutadas y de instalaciones que pueden "contener documentos u otras pruebas relacionadas con estos sucesos".
La organización, que no ha podido cotejar sobre el terreno la información por carecer de acceso a Corea del Norte, ha tardado cuatro años en elaborar el informe para el cual ha entrevistado a 610 desertores norcoreanos.
"Las ejecuciones públicas suelen ocurrir en lugares como las orillas o los cauces de los ríos, campos y espacios abiertos, mercados, colinas/montañas, terrenos deportivos y terrenos escolares", asegura el informe titulado "Mapping the fate of the dead" ("Cartografiando el destino de los muertos").
Estas ejecuciones, empleadas por las autoridades para aleccionar y amedrentar a la población, han sido un tema comúnmente relatado por los norcoreanos que han logrado salir del país, aunque son pocos los trabajos académicos dedicados al tema.
Esta nueva investigación establece que el 83% de encuestados presenció una ejecución pública al menos una vez y el 53% dijo haber sido obligado por las autoridades a observar una ejecución una o más veces.
Un entrevistado reportó haber presenciado una ejecución pública cuando tenía solo siete años.
A su vez, el 16% de los encuestados dijo tener algún familiar que ha sido ejecutado o asesinado por el régimen.
El informe establece que estas ejecuciones, siempre sumariales pese a que suele haber "breves juicios" antes de los fusilamientos (el método más habitual), pueden suponer el ajusticiamiento de más de 10 personas.
Por otra parte, el informe se abstiene de especificar las localizaciones de estos lugares para evitar que el régimen destruya pruebas que podrían usarse para llevar a sus responsables ante la justicia por violaciones de derechos humanos.
A partir de los centenares de entrevistas, los investigadores de TJWG apuntan que las ejecuciones públicas parecen haberse reducido en los últimos tiempos, aunque desconocen si se debe a que el régimen simplemente ha empezado a realizar un mayor número de ellas en secreto.
iarp
