Los Ángeles.- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron este martes una demanda impugnando la ley SB4, que otorga a policías y jueces del estado la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso.
La demanda, presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, afirma que la SB4, firmada ayer por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, es inconstitucional porque viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
La ley pasa por alto la ley federal ya que los jueces de Texas estarían autorizados (y en algunos casos, obligados) a ordenar la deportación de una persona independientemente de si es elegible para buscar asilo u otras protecciones humanitarias, explicó en un comunicado ACLU-Texas.
Ley antiinmigrante “más extremas del país”
Adriana Piñón, directora legal de la ACLU-Texas, dijo que la ley antiinmigrante es una de las “más extremas del país” y sostuvo que perjudica a los texanos, en particular a las comunidades de color e inmigrante.
“Una y otra vez, los funcionarios elegidos en Texas han ignorado a sus electores y han optado en su lugar por la retórica supremacista blanca y el encarcelamiento masivo”, opinó Piñón.
Por su parte, Rochelle Garza, presidenta del TCRP, dijo que la demanda busca bloquear la entrada en vigor de la ley, programada para el 5 de marzo.
“Texas no tiene el poder de implementar sus propias leyes de inmigración. No dejaremos que esto siga así”, sentenció.
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La ACLU-Texas y el TCRP representan a Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el fronterizo condado de El Paso (Texas), que se unieron para retar en las cortes la ley.
Abbott firmó este lunes el paquete de tres leyes antiinmigrantes, entre ellas la SB4, aprobadas por la Legislatura, dominada por los republicanos.
Otra de las leyes asigna mil 540 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y el financiamiento de operaciones de seguridad en la región, incluyendo fondos a los departamentos de policía para implementar la SB4, y la tercera ley crea una pena mínima de 10 años para personas encontradas culpables de tráfico de migrantes.
En el momento de la promulgación el gobernador se despachó contra el presidente Joe Biden, al que acusó de tener una política de “fronteras abiertas”.
También arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que culpó por no detener a los migrantes que vienen en camino hacia Estados Unidos.
Las tres nuevas disposiciones firmadas por Abbott pueden generar también el rechazo de un sector de los aproximadamente 12 millones de hispanos de Texas, que constituyen el mayor grupo demográfico del estado con 40.2 % de los alrededor de 30 millones de habitantes.
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