San José.— El sello “ONG”, que se propagó desde los últimos 25 años del siglo XX en América Latina y el Caribe como vía expresiva multidisciplinaria de la sociedad civil para confrontar la verticalidad de las dictaduras militares de esa época, quedó bajo amenaza de muerte en el siglo XXI.
Más allá de signos ideológicos, Nicaragua, Venezuela y —ahora— Perú coincidieron en un mismo carril para hostigar y clausurar a las organizaciones no gubernamentales con mecanismos jurídicos para acusarlas de lavado de dinero y de amenaza a la independencia y a la soberanía nacional o someterlas a controles financieros estatales.
Ya en El Salvador surgieron temores similares por eventuales acciones del gobierno para continuar con su política monopólica de poder. Ninguna “ONG” cubana subsistió en Cuba, donde todas las expresiones de la sociedad civil quedaron bajo el mando de los aparatos omnipresentes del régimen del Partido Comunista (unipartidismo).
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“El bloqueo a la acción cívica desde la sociedad civil en América está creciendo”, advirtió la educadora y activista social Deborah Van Berkel, coordinadora de Ideas para la Democracia, agrupación no estatal de Venezuela de monitoreo y análisis político.
“Esto es parte de cómo las prácticas autoritarias del poder quieren limitar la capacidad autónoma de las sociedades y de los pueblos a ser parte de la toma de decisiones y de su destino”, dijo Ven Berkel a EL UNIVERSAL.
“Ese desafío es para todos. Independientemente del corte ideológico de estos proyectos, creo que se están uniendo en esas prácticas aun cuando se dicen que están en polos [políticos] distintos. Es parte de lo que nos toca en estos tiempos”, afirmó.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó este mes el dictamen de un proyecto de ley por el que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), dependencia gubernamental, supervisará y transparentará los recursos procedentes del exterior para las ONG.
Según el plan, la APCI deberá registrar a las ONG involucradas en “activismo político” con impactos electorales “en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.
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La (no estatal) Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) acusó que los planes del Congreso “pretenden limitar el derecho de asociación y de participación ciudadana a través de las ONG, establecer sanciones administrativas desproporcionadas y arbitrarias, permitir la disolución de estas asociaciones sin causa justa ni debido proceso”.
Al recordar que “iniciativas similares” fueron aplicadas en Nicaragua y Venezuela, en Rusia desde 2022 y en Georgia en 2024 y “calcada” de la rusa, la CNDDHH argumentó que son “intentos autoritarios, inconstitucionales y regresivos” que buscan “bloquear las voces críticas” sobre ejes claves del desarrollo y “silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos”.
El 10 de este mes, Estados Unidos, la Unión Europea y otros 14 países rechazaron las medidas de la Comisión del Congreso y anticiparon que “restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, plantearon.
Perú rechazó el comunicado, lo calificó de “injerencista” y pidió a sus firmantes que “sean mesurados”.
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En el área
En distintas fases de los últimos 25 años, un trayecto en el que el régimen venezolano se instaló y avanzó al control total del país (1999 a 2024), las ONG dedicadas a labores médicas, de auxilio a personas vulnerables (hambrientas), y de derechos humanos, fueron criminalizadas. Human Rights Watch (HRW), organización no estatal global de Washington de defensa de los derechos humanos, reportó en 2020 que el gobierno del cuestionado presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una campaña sistemática contra las ONG. Maduro ordenó arrestos, congelar cuentas bancarias, allanar oficinas, intimidación física y acoso a sus integrantes, con amenazas en redes sociales y prohibiciones migratorias.
Un reporte de 2007 al 2 de mayo anterior de La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG entregado ayer a este diario mostró que el régimen del cuestionado y autodenominado presidente izquierdista de Nicaragua, Daniel Ortega, clausuró 3 mil 632 ONG.
La cifra continuó en aumento. Ortega justificó la oleada en que esas instancias se aprovecharon para blanquear dinero, atacar la soberanía e independencia de Nicaragua y promover el terrorismo.
Al preguntarle este diario si se cortó “la respiración” a la sociedad civil en Nicaragua, la administradora nicaragüense Lludely Aburto, defensora de derechos humanos, directora ejecutiva de la (no estatal) Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, en el exilio en Costa Rica desde 2021, respondió: “Sí. Hay un cierre del espacio cívico. Ha habido una avalancha, un aplastamiento de las ONG”.
“Contra las ONG ha habido confiscación de su patrimonio, agresión a sus liderazgos. Muchos debieron exiliarse porque son perseguidos y reprimidos o vivir en la clandestinidad. El daño es grave a la sociedad civil. Ningún país puede gobernarse sin tener la contraparte de la mirada del factor importante de la sociedad civil en una cogestión ciudadana. Es contraproducente”, alegó.
“Hay una enorme agresión en Nicaragua a la democracia y al desarrollo y hay un control desmedido sobre cómo funciona el país”, adujo.
