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El gobierno español envió ayer un último mensaje a Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, para detener la aplicación del artículo 155, el apartado de la Constitución que servirá para destituirlo a partir del viernes. Antes de ello, el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, está dispuesto a facilitar en el Senado un debate entre un miembro de su gobierno y Puigdemont.
El Senado convocó a Puigdemont para el jueves o el viernes. El vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, aseguró que la intervención del líder catalán podría paralizar la tramitación de las medidas solicitadas por el gobierno en cumplimiento del artículo 155, siempre que Puigdemont deje claro que asume la legalidad vigente y abandona el plan de declarar la independencia de Cataluña.
“Para esta institución sería un honor tener al presidente de la Generalitat y que pudiese participar en un debate con el gobierno. Se entendería que se somete al sistema”, aseguró Pedro Sanz.
No aclaró quién sería el representante del gobierno quien daría la réplica en ese debate a Puigdemont, pero fuentes parlamentarias aseguran que “Rajoy está estudiando la posibilidad de participar personalmente”.
La aprobación del artículo 155 está en marcha. El Senado comenzó ayer su trámite en una comisión. El miedo que produce esta medida, que no se ha tomado nunca en España y podría suscitar una gran tensión social, está conduciendo a las dos partes a comportarse con extrema prudencia. En Cataluña, desde el Círculo de Economía hasta la mayoría de los diarios regionales han pedido la convocatoria de elecciones para evitar que Rajoy tome el control de las instituciones autonómicas. Un sector del PDeCAT, el partido de Puigdemont, también intenta convencerlo de que no haga ningún gesto que precipite la intervención de la administración, como sería el caso si el presidente catalán presenta una declaración de independencia.
Frente a esa opción, uno de los principales socios de Puigdemont, el partido anticapitalista de la CUP, se opuso enérgicamente a todo lo que no sea proclamar la secesión. “Sería un acto de sumisión y de vasallaje. Nos tratan como una colonia. Convocar elecciones autonómicas sería la herramienta más eficaz y demoledora para parar el proceso de independencia”, dijo su diputado Carlos Riera.
En Madrid también se respira poco entusiasmo por aplicar el 155 y aparecen grietas entre sus partidarios. El Partido Socialista (PSOE) propuso ayer que la convocatoria de unas elecciones por parte de Puigdemont sería un gesto suficiente para evitar la intervención. El Partido Popular (PP) de Rajoy quiere ser más duro y exigir al presidente catalán, además de las elecciones, una rectificación contra la independencia.
Aunque al PP le basta con su mayoría para aprobar el 155 en el Senado, necesita mantener el apoyo del PSOE, que le fortalece de cara a la imagen pública. A la espera, 200 mil funcionarios catalanes permanecen atentos a si, a partir del viernes, pasarán a depender de Madrid.
La televisión catalana ha anunciado que no acatará órdenes desde Madrid, igual que ha hecho el principal sindicato de Educación.
Otras centrales de funcionarios han criticado el plan de intervención; sin embargo, no han llamado a la resistencia. Representantes de los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) también garantizan que no habrá rebelión, pero piden una intervención mínima.
