Managua.— La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Nicaragua retomarán mañana las negociaciones sobre las reformas al sistema electoral del país, en medio de una crisis sociopolítica que se ha cobrado la vida de más de 100 personas, informó ayer una fuente oficial.
El gobierno tiene prevista una reunión con una misión de la OEA “para definir un plan operativo de actividades” sobre las reformas electorales, indicó el Ministerio de Exteriores nicaragüense en un comunicado, en el que no precisa dónde se celebrará el encuentro.
De acuerdo con la información oficial, el cronograma de trabajo establece que entre julio a octubre próximos, la OEA desplegará un grupo de expertos en derecho electoral y sostendrá reuniones de trabajo para las reformas electorales con autoridades, partidos políticos y sociedad civil. De noviembre a diciembre próximos presentarán un desarrollo de propuesta de reforma electoral, y en enero de 2019 tanto gobierno como OEA entregarían la propuesta de reforma electoral, según el cronograma acordado entre ambos partes, de acuerdo con la información nicaragüense.
El tema de las reformas electorales es anunciada cuando Nicaragua se encuentra sumida en una crisis sociopolítica que ha dejado más de 108 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Tras las protestas contra el gobierno del 30 de mayo que dejaron al menos 16 muertos, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los hechos.
Instó al gobierno de Ortega “a garantizar la protección y la libertad de expresión de los manifestantes pacíficos”, y celebró la creación de un panel de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la violencia. También pidió al gobierno nicaragüense que otorgue luz verde a las solicitudes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para visitar el país.
La CIDH alertó de una “nueva etapa de represión”, urgió al gobierno de Nicaragua a desmantelar los grupos parapoliciales, y a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de los mismos.
Además, ayer se informó que se formó una nueva coalición de organismos sociales, con un llamado a la población a la desobediencia civil y a desarrollar un paro nacional para obligar a Ortega a abandonar el poder. Durante un mitin realizado en la capital, la Articulación de Movimientos Sociales y de Organismos de la Sociedad Civil instó también a fortalecer los “tranques” (bloqueos de carreteras) de campesinos y estudiantes. “Llamamos a la desobediencia civil que significa no pagar impuestos, Seguro Social, agua ni luz”, señaló una proclama leída por una estudiante universitaria.
También exhortó al sector privado a cesar labores y a la población a que “se lance a la movilización ciudadana masiva y permanente”.
