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San José.— Acorralado por acusaciones de presunta corrupción por recibir dineros de la constructora brasileña Odebrecht y por el destape de videos y audios sobre la aparente compra de votos de legisladores para evitar ser destituido por el Congreso Nacional, el economista y empresario Pedro Pablo Kuczynski, de 79 años, presentó ayer su renuncia a la presidencia de Perú tras ejercer la jefatura de Estado un año, siete meses y 21 días.
Bajo una intensa presión política, Kuczynski —llamado PPK— se vio obligado a dimitir y evitó acudir hoy al Congreso (unicameral) a someterse a un pedido para declarar su vacancia por “incapacidad moral permanente” por la trama Odebrecht.
Salvo sorpresas, el periodo presidencial, que concluye el 28 de julio de 2021, será completado por el ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, primer vicepresidente y quien hoy cumplirá 55 años. Vizcarra, quien se declaró “indignado” por lo que sucede en Perú, anunció que regresará al país —vive en Canadá, donde se desempeña como embajador desde octubre de 2017— para “ponerme a disposición del país, respetando lo que manda la Constitución”, que marca que en caso de ausencia definitiva del mandatario es el primer vicepresidente el que debe sustituirlo hasta el final del mandato; en este caso, julio de 2021.
“Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron”, dijo el mandatario ayer en la tarde al leer al país su carta de renuncia, en un acto televisado desde el palacio de gobierno junto a su gabinete y a aliados políticos. “Grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas” dieron la impresión de que el gobierno ofreció negocios públicos a congresistas a cambio de que rechazaran hoy la vacancia, argumentó.
La caída de PPK se precipitó el pasado martes. La antigubernamental Fuerza Popular (FP) —dominada por Keiko Fujimori, hija del indultado ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y derrotada por PPK en los comicios de 2016— divulgó videos y audios grabados con cámaras ocultas que mostraron a legisladores opositores reunidos con allegados al mandatario que supuestamente les ofrecieron negocios públicos para que votaran, en diciembre pasado, contra una moción de destitución.
El lío sobre PPK se ligó con el escándalo Odebrecht, que confirmó que en Perú pagó sobornos por 29 millones de dólares para ganar contratos de obra pública. Perú fue uno de los 10 países latinoamericanos en los que hizo ese tipo de transacciones. Kuczynski negó en noviembre de 2017 tener nexo con la constructora, pero en diciembre, tras revelaciones legislativas, admitió que recibió más de 4.7 millones de dólares por asesorías de sus empresas a la firma brasileña entre 2004 y 2013, y alegó que todo fue legal. Por ese caso, PPK derrotó el 21 de diciembre pasado una primera petición de vacancia que se votó en el Congreso promovida por FP, la más fuerte fracción legislativa.
Sin embargo, FP se dividió ese día y un bloque minoritario, dirigido por el congresista Kenji Fujimori, hermano de Keiko, rechazó la destitución y salvó a PPK. En lo que parece fue un pacto oculto, tres días después Kuczynski indultó por salud al padre de ambos, el ex mandatario Alberto Fujimori, quien purgó 10 de 25 años de cárcel a que fue sentenciado en 2009 por crímenes de lesa humanidad. FP, que expulsó a Fujimori hijo, comandó una segunda gestión de vacancia con más evidencias contra PPK.
Sucesión. El presidente del Congreso, Luis Fernando Galarreta Velarde, confirmó que, tras recibir la renuncia, una junta de voceros parlamentarios decidió aceptarla, por lo que los congresistas debatirán hoy sobre la dimisión y la votación se prevé para mañana viernes —el Congreso podría rechazar la renuncia y destituirlo—. Ese mismo día se tiene prevista la juramentación de Vizcarra como nuevo presidente de Perú. La fiscalía pidió una orden para impedir la salida de Kuczynski del país.