Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y en África, Mozambique y Angola. Así estalló un escándalo a nivel internacional, pero sobre todo regional por la magnitud de las cifras.
Odebrecht asegura estar “colaborando con la Justicia de Brasil y de los países en los que actúa. Ya ha reconocido sus errores, pidió disculpas públicas, hizo acuerdos de colaboración con las autoridades de Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala, y está comprometida a combatir y no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas”.
Pero no es tan sencillo. “El caso de Odebrecht ha probado que había un esquema de corrupción que trascendía las fronteras de un país y fue una mancha de aceite en todo el continente y en dos países de África. Lo que se ha demostrado con este caso en la región es que hay poca colaboración para investigar, poca armonización de la legislación entre los países. Si esto se solucionase, las causas avanzarían de manera mucho más veloz”, dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
También hay polémica en torno a si la empresa puede o no seguir operando. En Estados Unidos y Panamá son pragmáticos: se paga una multa y se sigue adelante, priorizando el empleo. Pero “no existe un único modelo en la región”, explica Ferreira Rubio. “En otros países no es admisible. Depende de la legislación”.
Aunque los sobornos no fueron a ciudadanos estadounidenses ni se produjeron ahí, se considera un delito que una empresa que cotiza en la bolsa de ese país pague sobornos a funcionarios extranjeros y también que se utilice su sistema financiero para delinquir. Por eso, la constructora brasileña debió pagar multas a Estados Unidos y a Suiza, por donde también pasó el dinero, además de a los países donde efectivamente se produjeron los sobornos.
Más allá de estas multas el caso tiene distintos avances o desenlaces, según lo estipulan las autoridades locales.
Brasil: Odebrecht recién se convirtió en blanco de la Operación Lava Jato en 2015, un año después del inicio de las investigaciones. El día 19 de junio de aquel año la policía federal detuvo al presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht.
El avance de las investigaciones —incluso con la delación de 77 ejecutivos del grupo— reveló que la empresa tenía hasta un sector responsable de organizar el pago de coimas, llamado Departamento de Operaciones Estructuradas. El sector movió 3 mil 400 millones de dólares entre 2006 y 2014 para abastecer la caja de las campañas electorales en Brasil y pagar coimas en el país y en el exterior, según declaraciones de ejecutivos.
Marcelo, en prisión domiciliaria desde diciembre, entregó a la fuerza de tareas correos que tratan, por ejemplo, de la relación entre la empresa e integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
México: En octubre de 2017 el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida, pero hasta al momento no se ha ejercido acción penal contra ningún funcionario de Pemex. Entre los mencionados está su ex director Emilio Lozoya, quien presuntamente habría recibido 10 millones de dólares a cambio de contratos de obra pública. Se investiga si esos recursos fueron a dar a las campañas políticas, pero el fiscal que llevaba el caso, Santiago Nieto, fue cesado, supuestamente por revelar información confidencial.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto multas por 134 mil dólares y 6.3 millones de dólares a un servidor público de Pemex y ha inhabilitado a Odebrecht por 10 años; sin embargo, un juez otorgó un amparo, por lo que los procesos administrativos están detenidos.
Colombia: Según la fiscalía, se han encontrado pruebas de que las coimas alcanzaron los 30 millones de dólares en cuatro contratos. El proceso empezó en diciembre de 2016 y ya han sido condenadas cuatro personas, entre ellos un ex viceministro de Transporte y un senador activo. Los contratos que tenía la empresa actualmente fueron tomados por el gobierno y las cuentas de Odebrecht embargadas.
Perú: La empresa admitió sobornos por 29 millones de dólares a cambio de obras, aunque hasta la fecha se han identificado pagos por más de 45 mdd a jefes de Estado, candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales y hasta intermediarios, entre 2006 y 2015. Ya suman más de 27 personas con medidas restrictivas (prisión preventiva, arresto domiciliario e impedimento de salida del país), entre los cuales se encuentra el expresidente prófugo Alejandro Toledo y también Ollanta Humala. El escándalo también ha involucrado a la campaña electoral (2011) del ex jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, aunque aún no hay una sentencia efectiva.
Venezuela: De 2003 a 2016 se acordaron 37 contratos entre este país y Brasil, 27 para Odebrecht. Entre el 13 y el 17 de febrero de 2017 se tomaron las únicas medidas que adelantó el Ministerio Público de Venezuela para investigar a Odebrecht: allanaron la sede de la empresa, congelaron las cuentas de ésta y le prohibieron gravar y enajenar bienes y la fiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para compartir información con la fiscalía. Ortega Díaz pidió el 3 de abril de 2018 ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro por este caso. Aseguró que el mandatario incurrió en los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
Argentina: La empresa ofreció hace un año colaborar con Argentina y revelar los nombres de los funcionarios que cobraron sobornos, pero, a cambio, pide que los delatores (ya juzgados en Brasil) no puedan volver a ser condenados por el mismo crimen. Argentina no aceptó. Un año después, un juez llamó a indagatoria a 49 personas, entre ellos ex funcionarios públicos, y representantes de empresas que obtuvieron licitaciones investigadas, incluyendo a Ángelo Calcaterra, expresidente de IECSA, primo del presidente Mauricio Macri.