Sao Paulo
En la recepción del noveno piso de la sede del Grupo Odebrecht, en Sao Paulo, el tiempo parece haberse detenido. La fecha más reciente de las revistas es de inicios de 2015 y aún retratan el dinamismo de la época, desde grandes proyectos en Caracas a la hidroeléctrica de Laúca, en Angola, pasando por el recorrido ecológico trazado a orillas del río Guayllabamba, en Ecuador, que incluye la Central Hidroeléctrica de Manduriacu. Las preocupaciones giraban en torno a la sustentabilidad del medio ambiente.
En los tres años siguientes, la mayor constructora de América Latina pasó del cielo al infierno por las investigaciones de la Operación Lava Jato. Su principal ejecutivo cayó preso; reconoció haber pagado sobornos a cambio de negocios en 12 países, incluyendo 10 de Latinoamérica; firmó un acuerdo por el cual deberá desembolsar unos 996 millones de dólares —786 millones de ellos en Brasil—, en 23 años. La firma pidió perdón, pero aún no ha sido perdonada.
Según el último balance del grupo, hasta fines de 2017 había cerrado acuerdos con República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala, además de convenios con las autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas. Hay pactos preliminares y colaboraciones en curso también en Perú, México y Angola. Pero a la empresa aún se le impide ser contratada por el sector público en Perú, México y Ecuador.
En Argentina, Odebrecht sigue sin poder prestar nuevos servicios al sector público y la negociación está trabada. Faltan leyes que regulen la lenidad y hay temor de sobra entre políticos y contratistas locales, recelosos de lanzar al país a un caldero anticorrupción, semejante a lo que ocurre en Brasil y que arrastra a políticos de varios partidos.
La cartera de proyectos de Odebrecht, que se desplomó de 33 mil 700 millones de dólares en junio de 2014 a 14 mil 400 millones de dólares en septiembre de 2017, recién ahora comienza a recomponerse. Tras más de un año sin nuevas obras, el grupo anunció tres contratos en Brasil, dos de los cuales son en el sector público. Fue contratada para ampliar la capacidad termoeléctrica de Santa Cruz, en Río de Janeiro (unos 151 millones de dólares), construir el sistema integrado de transporte de Belén, en Pará (alrededor de 137 millones de dólares), y realizar los estudios necesarios para la construcción de un puerto marino privado al norte de Espírito Santo, con una inversión prevista de más de 550 millonesde dólares. Todos los nuevos proyectos están en Brasil.
En el exterior, Odebrecht dice que está disputando obras presupuestadas en 70 mil millonesde dólares, pero el único proyecto divulgado es la construcción de una hidroeléctrica por 3 mil millones de dólares en Tanzania, donde la empresa no fue afectada por el escándalo.
En Estados Unidos —donde fueron definidas bases para un acuerdo de lenidad con la Justicia—, Odebrecht sigue con cuatro obras que estaban en curso: tres en el sector vial y una en el aeropuerto de Miami, cuya construcción lleva la marca de la constructora brasileña. Pero en marzo pasado, cuando un puente peatonal de 864 toneladas y 53 metros de largo, que unía el campus de la Universidad Internacional de Florida con el barrio vecino de Sweetwater se desmoronó, la constructora fue llamada a trabajar en la remoción de los escombros, lo que da indicios de que la relación comercial prosigue.
Con una deuda de unos 2 mil 800 millones millones de dólares, Odebrecht enfrenta también una crisis financiera. La constructora cerró un acuerdo en mayo con cinco bancos y consiguió una línea de crédito por 655 millones de dólares. Con el préstamo, logró retirar bonos emitidos en el exterior que habían vencido en abril por un valor de 131 millones de dólares, aproximadamente.
Sin embargo, el mayor desafío es recuperar su reputación para reabrir los mercados en el exterior. Antes de la Operación Lava Jato, la diversidad geográfica de las obras ayudaba, incluso, a reducir el impacto del aumento de los costos. De los 14 países donde la empresa mantenía oficinas en 2014, sólo tres no quedaron implicadas en la Lava Jato: Portugal, Emiratos Árabes y Libia.
En los países donde el grupo aún debe firmar acuerdos de lenidad con la justicia, las trabas políticas se mezclan a los impasses causados por la legislación local. Es el caso, por ejemplo, de Perú, donde el acuerdo preliminar con el Ministerio Público fue consolidado en enero de 2017 y la colaboración está en pleno funcionamiento, pero la ley impedía nuevas contrataciones a empresas que hubieran reconocido la práctica de ilícitos. Apenas en marzo pasado el país aprobó una nueva ley, que amplía el poder del Ministerio Público y permite que los acuerdos de lenidad incluyan beneficios a las empresas, como la rehabilitación para nuevos negocios.
Las leyes peruanas dificultan incluso la capacidad de Odebrecht de deshacerse de activos. La empresa firmó un contrato para la venta de la hidroeléctrica de Chaglla y el proyecto de irrigación Olmos, pero todavía espera la reglamentación de la nueva ley, que somete a la aprobación del Ejecutivo la transferencia a terceros de activos de empresas que estén en proceso de colaboración con la Justicia.
Las peculiaridades de cada país vuelven todavía más lento el proceso de negociación y las denuncias por corrupción terminaron por generar cuestionamientos al valor de los contraros. En República Dominicana, por ejemplo, donde se firmó un acuerdo de lenidad, hay resistencia de las autoridades locales para aceptar un adicional de 708 millones de dólares en la obra de la hidroeléctrica de Punta Catalina. Otras cinco obras de la constructora brasileña en el país siguen sin problemas, como carreteras y el acueducto Hermanas Mirabal.
En Ecuador, donde también se cerró un acuerdo, Odebrecht entregó las obras del oleoducto Pascuales-Cuenca en febrero de 2017, pero aún no ha cobrado por el proyecto. Según Odebrecht, la estatal ecuatoriana acumula una deuda contractual por 50 millones de dólares desde 2015.
En Colombia, Odebrecht devolvió, en virtud de un acuerdo, su participación en dos concesiones: Ruta del Sol y Río Magdalena. Como había realizado inversiones, la empresa recurrió al arbitraje para recuperar cerca de 780 millones de dólares adeudados por el gobierno local.
Sin nuevos contratos, Odebrecht entrega dentro del plazo las obras pagadas, pero su cartera acumula contratos que presentan atrasos en el pago, dificultando el flujo de caja.
Es el caso de Venezuela. Inmerso en una crisis económica y política, el país tiene una posición relevante en la lista de obras de la constructora brasileña. Son 10 proyectos en ejecución, que van a un ritmo muy lento. Sin dinero, el gobierno de Nicolás Maduro también perdió íntegramente los financiamientos del BNDES —el Banco de Desarrollo de Brasil— patrocinados por el gobierno brasileño. Sólo dos de las obras —la Línea 5 de Metro en Caracas y la línea 2 de Metro de Los Teques— perdieron unos 315 millones de dólares de recursos del banco de fomento brasileño.
