La empresa brasileña Odebrecht dijo ayer que los contratos con las empresas vinculadas al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski están dentro del ámbito legal, en momentos que el futuro del mandatario pende de un hilo en el Congreso opositor, que busca su destitución por incapacidad moral.
Odebrecht informó que “no hay intención política” en un informe que mandó hace unos días al Congreso detallando pagos por 4.8 millones de dólares a dos consultoras vinculadas al mandatario por concepto de asesoría. El viernes, el Parlamento admitió el pedido de iniciar el proceso de la “vacancia presidencial” con 93 votos a favor y 17 en contra.
“La asesoría brindada por las firmas Westfield Capital y First Capital corresponde a servicios prestados efectivamente a empresas de Odebrecht y fueron debidamente pagados y contabilizados oficialmente. Los valores de los contratos estaban de acuerdo a las prácticas de mercados a la fecha”, dijo Odebrecht en una carta al diario La República.
La firma negó la acusación de un columnista del diario de que quiso dar un golpe de Estado al mandar el informe a una comisión investigadora del Congreso. Dijo que por ley tiene que responder a las preguntas del Congreso. Odebrecht también precisó en el documento que los servicios de asesoría y estructuración financiera fueron gestionados “exclusivamente” por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, un amigo y ex socio de Kuczynski.
El pago realizado a Westfield Capital, una empresa de propiedad de Kuczynski, fue por 782 mil 207 dólares, entre 2004 y 2007, incluyendo 60 mil dólares en los años en los que Kuczynski fue ministro de Economía o primer ministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.
Kuczynski, de 79 años, tendrá que presentarse el jueves ante el Congreso para defenderse y, después de ello, el pedido de destitución será sometido a votación. Si obtiene el sí de al menos 87 congresistas (de un total de 130), lo cual parece prácticamente un hecho, el jefe de Estado le tendrá que dejar el cargo al vicepresidente Martín Vizcarra.