San José
.- Venezuela se consolidó en 2018 como el país más inseguro y peligroso de América , con 23 mil 47 muertes violentas para una tasa de 81.4 por cada 100 mil habitantes en un escenario de miles de homicidios y decesos por resistencia a la autoridad, en un país hundido en una de las más graves crisis sociopolíticas desde hace más de 60 años.
El diagnóstico fue emitido este jueves en Caracas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) , en un informe anual que reconfirmó la dramática situación de inseguridad que enfrenta la población de la rica nación petrolera sudamericana con las mayores reservas probadas de hidrocarburos pero que está sometido desde hace más de cinco años a una aguda y prolongada escasez de alimentos, medicinas y artículos básicos.
“Una epidemia de violencia se expande por el territorio nacional”
, alertó el OVV , formado por universidades nacionales, públicas y privadas, de Venezuela .
Del total de venezolanos que murieron en condiciones violentas, 10 mil 422 fueron homicidios, 7 mil 523 entraron en la calificación de “resistencia a la autoridad” y 5 mil 102 como muertes en investigación, reveló el Observatorio .
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) distribuyó este gráfico en el informe anual sobre la grave situación de inseguridad en Venezuela que se prolongó en 2018. (OVV)
“La violencia presenta nuevos rostros en el país: el empobrecimiento y la letalidad policial. La violencia se ha apoderado del país ”, recalcó el estudio, remitido por el OVV a EL UNIVERSAL.
“El empobrecimiento se agudiza y cambia las formas del delito, incorpora nuevos actores. Surge con fuerza el delito en las zonas rurales, allí donde hay comida. Las acciones extrajudiciales de la policía marcan un incremento de la letalidad de la acción policial”, insistió.
Todavía se carece de reacciones del gobierno del presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , al reporte del OVV .
Sin embargo, Maduro acostumbra desconocer, rechazar o repudiar este tipo de análisis que exhiben nuevos detalles sobre el complicado escenario político, social, económico e institucional venezolano que es el más conflictivo desde el retorno de la democracia en 1958.
El conflicto avanza en reiterados panoramas de violencia política con los repetidos reclamos callejeros de las fuerzas antichavistas u opositoras de construir una democracia, acabar con la represión política y terminar con el modelo, instalado en 1999 por el ahora fallecido ex presidente Hugo Chávez (murió en 2013), de conceder al oficialismo un control absoluto de los aparatos gubernamentales, judiciales, electorales, policiales, militares y constitucionales.
Con la tasa de 81.4 muertes violentas por cada 100 mil personas, en un país con unos 31 millones de habitantes—aunque al menos 2,5 millones migraron al exterior—, Venezuela se reconfirmó en 2018 como el país más violento de América y se ubicó por encima de El Salvador, que ocupó esa posición en años anteriores.
Datos del (estatal) Instituto de Medicina Legal de El Salvador mostraron que ese país, uno de los más inseguros de Centroamérica , reportó 69.9 homicidios por cada 100 mil pobladores y una población de unos siete millones de habitantes, aunque unos dos millones también migraron al exterior.
Las tasas de El Salvador pasaron de 43.7 en 2014 (2 mil 513 casos) a 68.3 en 2014 (con 3 mil 921), y a 115.9 en 2015 (con 6 mil 656) pero bajaron a 91.9 en 2015 (con 5 mil 280) y a 69.9 en 2017 (con 3 mil 962).
A la baja.
El informe del OVV de 2018 mostró una segunda disminución consecutiva anual de las muertes violentas en Venezuela . En el reporte del 28 de diciembre de 2017, el Observatorio ratificó que Venezuela cayó en una “paz criminal” con una crisis generalizada.
El total de muertes violentas bajó de 28 mil 479 en 2016 a 26 mil 616 en 2017, en un fenómeno que el OVV atribuyó a que la grave confrontación provocó que haya menos homicidas y porque cada semana murió un promedio de 106 personas por actos policiales o militares el año anterior.
No obstante, demostró que el número de personas que perecieron por resistencia a la autoridad se incrementó de 5 mil 535 en 2017 a 7 mil 523 en 2018. Los homicidios se redujeron de 16 mil 46 en 2017, a 89 por cada 100 mil habitantes, a 10 mil 422 en 2018. El dato de las muertes en averiguación descendió de 5 mil 35 en 2017 a 5 mil 102 en este año.
Al buscar explicaciones a la disminución, el OVV planteó que “puede ser el resultado de los efectos de la acción de exterminio policial: hay menos homicidios porque hay menos homicidas. Y las autoridades pueden argumentar que ese es un resultado de su acción”.
“Un segundo elemento es la variación de las modalidades del delito: ante la escasez de efectivo y el empobrecimiento generalizado, muchas formas de delito se han vuelto poco rentables para los delincuentes. El delito funciona en una relación entre los beneficios que se pueden obtener por delinquir y los riesgos-costos a los cuales está sometido”, detalló.
Para el OVV , un tercer componente “es la emigración: en la fuerte emigración de venezolanos la gran mayoría es gente honesta que se ha visto obligada a buscar trabajo y un futuro mejor allende las fronteras, pero entre ellos han emigrado también muchos delincuentes”.
Un cuarto elemento “son los cada vez más oscuros mecanismos de conteo y clasificación de las víctimas y del registro de muertes violentas en general: hay un incremento en las dificultades de presentar denuncias”, lamentó.
Amenazas.
En sus conclusiones, el estudio determinó que en Venezuela “se mantiene una epidemia de violencia propiciada, tanto por la actuación de los criminales, como por la violencia del Estado”.
“Ningún cambio de esta situación será posible sin que desde el Estado, las autoridades públicas asuman su responsabilidad de aprobar y poner en marcha políticas y planes de acción orientados a detener la criminalidad garantizando la vida, la paz social y el respeto a la dignidad y derechos de todas las personas”, sentenció.
Tras cuestionar “las políticas y operaciones de seguridad violatorias de derechos humanos, que generan muertes, incrementan la violencia y no garantizan seguridad y protección de la ciudadanía”, defendió la “prioridad de contar con instituciones y procedimientos policiales y judiciales fundamentados en principios de legalidad, justicia y garantía del debido proceso”.
“La sociedad venezolana ha sido profundamente afectada por el empobrecimiento, la diversificación de la violencia y el deterioro de la institucionalidad pública que debía ser garante de su protección y seguridad, no su amenaza o agente de vulneración de sus derechos”, advirtió.
agv