San José.- La crisis política nicaragüense se agravó en las últimas horas luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) denunció que periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales en Internet lanzaron una campaña de amenazas de muerte y de descrédito en contra de varios obispos de ese país, sacudido desde el pasado 18 de abril por masivas y sangrientas protestas antigubernamentales.
“No tengo miedo”, proclamó, desafiante, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, para enfrentar la campaña, que atizó el profundo conflicto que ya dejó 76 muertos desde que estalló con multitudinarias marchas para repudiar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y pedir la renuncia de la pareja gobernante.
“Que sepan quienes me insultan y calumnian e incluso quieren mi muerte, que no tengo miedo y que no me doblegarán ni me callarán. Mi fidelidad a Jesucristo y mi amor al pueblo de Nicaragua están más firmes que nunca”, escribió Báez en su cuenta de Twitter.
Al respecto, la CEN denunció, en un comunicado que emitió este martes, que “ante algunos sectores sociales poco acostumbrados a la cultura del diálogo y ante los inmediatismos de los que quieren perpetuarse en el poder, nos vemos en la urgente necesidad de informar a nuestro pueblo sobre el descrédito y las amenazas de muerte de las que estamos siendo objeto obispos y sacerdotes”.
La acción, añadió, está siendo ejecutada “particularmente” sobre Báez, “a través de distintos medios: ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter”.
“A pesar de estas amenazas, recordamos a los agresores que somos un cuerpo colegiado y que si se ataca a un obispo o a un sacerdote se nos ataca a la Iglesia (Católica), y que no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a los jóvenes estudiantes de nuestra nación y a todo el pueblo nicaragüense que bajo el azul y blanco de nuestra bandera han salido a las calles a reclamar sus justos derechos”, alertó la organización cúpula de los obispos nicaragüenses.
“Este pueblo”, recalcó, “atraviesa hoy una de las peores crisis de su historia tras la cruda represión por parte del gobierno de Nicaragua que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones”.
La CEN, que tras el estallido de la crisis asumió el papel de mediación entre el gobierno, por un lado, y el movimiento de estudiantes, empresarios, obreros y demás sectores de la sociedad civil, por el otro, en un diálogo que empezó el pasado 16 de mayo, abogó por la democratización de Nicaragua.
“Como mediadores y testigos en el diálogo nacional, estamos llamados a proponer y promover todas las vías posibles para alcanzar la tan deseada democratización del país” y es “nuestro sagrado deber pronunciar la Palabra Verdadera que nos haga libres”, adujeron los obispos.
Una cuarta ronda del diálogo se realizará este miércoles y siempre en un seminario católico de Managua.
Sin reacción. El gobierno nicaragüense, que seguía sin pronunciarse sobre las denuncias de la Conferencia, rechazó la exigencia del movimiento opositor de que haya un cambio de gobierno y alegó que sería una ruptura del orden constitucional.
La denuncia de los obispos se registró al día siguiente de que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Nicaragua del jueves 17 al lunes 21 de este mes, acusó al gobierno de Ortega de reprimir indiscriminadamente las protestas antigubernamentales.
La CIDH reportó que la violencia política causó 76 muertos con “un patrón” de detenciones masivas arbitrarias ejecutada por el gobierno y pidió al presidente desmantelar los grupos parapoliciales, respetar la libertad de expresión y cesar la represión.
La conclusión apareció en un informe preliminar que la misión de la CIDH emitió el lunes al término de la visita para evaluar la situación de los derechos humanos de Nicaragua tras las masivas movilizaciones anti oficialistas que provocaron violentos disturbios callejeros, con ataques de fuerzas policiales y parapoliciales en contra de los manifestantes. La Comisión urgió al “Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social”.
El número de 76 muertos de la CIDH contrastó con los 13 que notificó el gobierno por un conflicto crisis que surgió por el repudio a una reforma de Ortega a la seguridad social y que debió derogar, en un movimiento popular que derivó en reclamos por una verdadera democracia en Nicaragua.
En las protestas hubo “al menos” 76 muertos, 868 heridos—cinco graves en hospitales—y 438 detenidos, entre estudiantes, civiles, activistas de derechos humanos y periodistas, precisó la Comisión; el gobierno se comprometió a analizar el informe.
“Durante su visita la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados” o parapoliciales, aseguró el informe de la Comisión, del que EL UNIVERSAL tiene copia.
“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores” del oficialismo en distintos lugares, por lo que “estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, reveló.
