San José . – Una broma de humor negro que circula desde hace más de 30 años en Cuba se burla de la escasez de alimentos, medicinas y artículos básicos en la isla y de que, ante las prolongadas, interminables y graves carencias, el deporte principal de los cubanos no es el béisbol, sino… el robo al Estado, desde huevos, ron, habanos y clavos hasta tubería, pintura, madera, cemento, cable para electricidad y telecomunicaciones y un etcétera casi infinito.
Costa Rica capturó en marzo de 2022 a 17 latinoamericanos y asiáticos sospechosos de integrar una red de robo , receptación y tráfico internacional de cobre que fue extraído del cable sustraído al (estatal) Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para ser reciclado y exportado a China, Japón, Malasia, Hong—Kong e Indonesia. La investigación detectó el envío a Asia de 140 toneladas de cobre por unos 14,7 millones de dólares.
El robo de los más variados accesorios de telecomunicaciones y de telefonía a institucionales públicas y privadas de Colombia se intensificó de 2018 a 2022, en una operación incesante ejecutada por las más distintas cadenas criminales colombianas que provocó pérdidas multimillonarias y ocasionó severos daños a la infraestructura.
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Los casos de Cuba por el Caribe, de Costa Rica por Centroamérica y de Colombia por Suramérica exhibieron el creciente problema que enfrentan los gobiernos nacionales y regionales latinoamericanos y caribeños: el ataque, casi siempre silencioso pero constante, de una modalidad mafiosa o de crimen organizado definida como de media o baja complejidad, ya que el contrabando de personas, armas o de drogas son de alta.
“Estamos observando a pequeñas bandas delictivas que se dedican a este tipo de actividad ilegal”, afirmó el coronel ecuatoriano en retiro Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército de Ecuador y profesor de seguridad en la (no estatal) Universidad Regional Autónoma de los Andes, de ese país.
“Los robos de las tapas de alcantarillas o los de cables del tendido eléctrico son gran parte de este tipo de financiamiento que utilizan estas bandas para ir capitalizando posteriormente una cantidad importante de estos suministros y venderlos al mejor postor, que generalmente son organizaciones internacionales que se encargan directamente de la exportación”, dijo Pazmiño a EL UNIVERSAL.
Aunque en Ecuador “no es tan representativo” ni en las magnitudes de Colombia o de Costa Rica , admitió que en el mercado ecuatoriano “existen informaciones sobre la pérdida por robo de tapas de alcantarillas para fundir ese material y utilizarlo inmediatamente para otras situaciones”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró un abanico criminal para Centroamérica con hechos de alta, media y baja complejidad, de distinta estructura y gravedad y de impacto en ámbitos locales, nacionales y transnacionales. Los tres principales generadores de dineros sucios son los contrabandos de armas de fuego, de seres humanos y de drogas.
De acuerdo con el PNUD, hay modalidades delincuenciales de impacto local o nacional y de baja complejidad, organización y gravedad: robo de bienes culturales, agua potable, energía eléctrica, luminarias, cables de telecomunicaciones y electricidad, alcantarillas o manjoles, teléfonos celulares, repuestos, accesorios y partes de vehículos, combustibles y lubricantes, ganado, animales protegidos y maderas preciosas.
Sangría diaria
Una actividad que existe en la clandestinidad o la semiclandestinidad en Cuba y que involucra a cómplices corruptos colocados en puestos claves de las estructuras oficialistas es el robo al Estado, única y gran fuente de abastecimiento en un país con predominio de la economía de control estatal y que sufre viejas y severas carencias de todo tipo.
Cuba culpa al bloqueo económico que Estados Unidos le impuso desde 1962 de su eterna incapacidad para surtir a los cubanos de los bienes básicos. Con el robo al Estado, los cubanos se surten de productos a los que, de lo contrario, nunca accederían.
El periódico Granma , órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) , informó el pasado miércoles que el primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció que “en el mercado informal de productos y mercancías de alta demanda predominan los delitos de especulación, acaparamiento, receptación y actividad económica ilícita, y las redes sociales se posicionan como una de las principales vías utilizadas para su materialización”.
“Un peso importante” en esas actividades con uso de la fuerza física lo tienen “los delitos contra el patrimonio”, con “afectaciones en las viviendas, almacenes y bodegas (estatales), la sustracción de ciclomotores eléctricos o motorinas (motocicletas) y teléfonos celulares”, agregó Marrero, citado por Granma.
“Los chilenos”
En un caso que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) , policía técnica adscrita al Poder Judicial de Costa Rica , denominó como “Los chilenos”, por ser Chile el mayor productor mundial de cobre, un grupo criminal se concentró a captar una gran cantidad de ese producto para exportarlo desde este país centroamericano.
En una indagación que inició en 2021, el OIJ documentó el robo unos 3 mil 500 metros de cable de diferentes calibres y determinó que desde Costa Rica fueron exportados más de 70 contenedores con 20 toneladas de cobre cada uno y con un valor de más de 210 mil dólares por recipiente de transporte. El OIJ incautó nueve toneladas de materiales.
El operativo evidenció apenas una de las frecuentes maniobras criminales para apropiarse de cables y otros accesorios en Costa Rica, donde el narcomenudeo logra lubricarse a diario por esa vía: j óvenes drogadictos roban alcantarillas, cables, postes y otros elementos para venderlos en el mercado negro y obtener dinero para financiar su adicción.
“Este fenómeno se viene dando en Costa Rica hace muchos años. La policía judicial tiene una unidad especializada en investigar estos delitos”, informó el abogado costarricense Andrés Muñoz, ex presidente del Colegio de Criminólogos de Costa Rica y analista del OIJ.
“No solo es daño patrimonial. Detrás de esto hay daño social y civil muy importante. Comunidades enteras se quedan sin electricidad, sin internet y sin servicios básicos si roban medidores de agua y otros elementos. El alcantarillado está dispuesto para evitar que ingresen objetos que hagan represas. Hay una afectación bastante grande”, explicó Muñoz a este periódico.
“De una criminalidad común se viene avanzando hacia una criminalidad más organizada. Tal vez a lo interno en cada país no podríamos decir que estamos hablando de crimen organizado formalmente. Pero sí hay unas agrupaciones criminales que están empezando a entender que esto genera un dinero”, advirtió.
Tras narrar que “los insumos los consiguen del trabajo de los indigentes , de la gente de calle”, mencionó que “muchos de los productos vienen de alcantarillados, tapas y cableados que están en las principales calles y carreteras. En algunas comunidades el cableado es menos custodiado”.
Uno de los factores que atrae a las organizaciones mafiosas a involucrarse en el negocio es el alto precio internacional del cobre, subrayó.
Gastos millonarios
Tigo, una de las más importantes firmas internacionales que operan en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia, registró oficialmente pérdidas en 2018 por unos dos millones 700 mil dólares por los constantes robos de su infraestructura en esa nación en ese año.
La compañía debió invertir aproximadamente un millón 300 mil dólares para reponer y reparar las instalaciones perjudicadas por los ataques.
“Los tiempos necesarios para restablecer el servicio después de un robo a redes fijas pueden ser de días completos. Días en los que empresas y familias enteras se quedan sin Internet, televisión o telefonía”, reportó Tigo en un comunicado sobre lo sucedido en 2018.
“Nuestro llamado sigue siendo el mismo: debemos seguir trabajando de la mano de las autoridades y la comunidad para enfrentar a estas organizaciones delincuenciales, que cada vez están más especializadas”, alertó.
Los datos son de 2018 y de solo una de las empresas operadoras en Colombia, por lo que las cifras en rojo se multiplicaron ese año al sumarse los efectos negativos para las restantes y ante la realidad de que los robos prosiguieron en los siguientes cuatro años.
“Los delitos de mediana y baja complejidad pintan un escenario delincuencial típico latinoamericano, en donde robar cobre solo considera el bien personal y o familiar y descarta la utilidad colectiva”, aseguró el colombiano John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro.
“El robo de cobre en áreas que conozco y en el sector petrolero —Arauca (centro—oriente), Putumayo (sur), Nariño (sur), Catatumbo (centro—oriente)—está al auge. Eso ocurre con la connivencia y/o complicidad de las grandes multinacionales que aprovechan el tono delincuencial latinoamericano para sus producciones”, alegó.
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