Más Información
“Unos agentes entraron a mi apartamento a la fuerza en dos ocasiones, una de esas veces sucedió a medianoche y fueron sobre mí y mis tres hijos, quienes estaban durmiendo”, dice con cierto trauma Berenice Reséndiz , quien forma parte de la demanda realizada el pasado 27 de febrero por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en contra de la Dirección de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos ( ICE ).
“Me apuntaron a mí y a mis bebés con armas grandes y me gritaron, me separaron de mis hijos y gritaban”, sigue narrando esta madre mexicana residente de Utah; “yo seguía preguntando si tenían una orden judicial y qué era lo que había hecho. Ellos nunca me mostraron una orden judicial ni me dijeron si había hecho algo malo”, comenta.
De acuerdo con la demanda, agentes del ICE, acompañados de alguaciles federales, se presentaron arbitrariamente en casa de la señora Reséndiz el 10 de abril de 2017 buscando a una persona que ya no vivía en ese domicilio; a pesar de ello, arrestaron a la abuela de los menores, Alicia Amaya.
Se retiraron, pero al día siguiente a medianoche regresaron y fue cuando tiraron la puerta de la vivienda; armados y amenazantes obligaron a los presentes a mantenerse frente a ellos, sin mostrar orden judicial ni decir de qué se les estaba acusando.
Activistas durante una protesta en Washington por el trato a los migrantes (CORTESÍA DE LA ACLU)
En el mismo documento presentado ante la corte de Utah, Estados Unidos, menciona que los oficiales no respetaron, entre otras cosas, la cuarta enmienda de la Constitución de ese país, que establece claramente el derecho a la privacidad y a no sufrir una detención arbitraria.
La familia está compuesta por Berenice Reséndiz, Carlos, Eduardo y Abel Ramírez, así como la abuelita Alicia Amaya, quienes son indocumentados. En la vivienda también estaban cuatro menores, de entre dos y seis años, nacidos en la Unión Americana.
“No sé por qué regresaron al día siguiente, con más oficiales y más armas”, se pregunta Berenice. Carlos Ramírez asegura que “los agentes llegaron completamente armados y con ropa militar, había muchos de ellos, y a pesar de que lo único que encontraron la primera vez fue a una abuela cuidando a sus cuatro nietos pequeños, volvieron al día siguiente, tumbaron mi puerta —del departamento— y apuntaron sus armas a las caras de mis hijos.
“Seguimos pidiendo ver una orden judicial, pero no nos mostraban nada. Realmente ha sido difícil tratar de que las cosas vuelvan a la normalidad; para los niños y para el resto de la familia. Espero que esta demanda evite que le suceda lo mismo a otras familias”, añade.
Eduardo Ramírez, uno de los mexicanos afectados por el operativo del ICE, al que demandó vía la ACLU por la forma en que agentes ingresaron a su casa en abril de 2017. (CORTESÍA ACLU)
Eduardo Ramírez asegura: “No habíamos hecho nada malo; sin embargo, nos trataron como criminales. Incluso me pusieron las esposas tan apretadas que tuve marcas en mis muñecas por un mes”.
Los agentes del ICE “se burlaban de nosotros por el miedo que sentíamos hacia las armas. Ellos sabían que había niños en el departamento; nadie debería pasar por algo así”, comenta.
Abel Ramírez se queja de que los agentes “nos hacían muchas preguntas y no dejaban que habláramos entre nosotros o hablar con nuestros hijos —para calmarlos— aun cuando nos apuntaban con sus armas”.
Señala que “los niños ahora están tan asustados que no pueden ver un policía, nos tuvimos que cambiar de domicilio y mi hija está muy afectada por las redadas; tengo que hablar mucho con ella para que no tenga miedo”.
“Quiero ayudar a que no vuelva a ocurrir”
La demanda levantada por la familia Ramírez contra la Dirección de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos es por 23 cargos en contra de 49 agentes federales. Entre las acusaciones se encuentran destrucción de propiedad ajena, arrestos ilegales, uso excesivo e innecesario de fuerza policiaca e ingreso sin orden judicial.
Representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles confirmaron a EL UNIVERSAL que los afectados no están pidiendo o poniendo una suma de dinero y que van a dejar que sea el juez que lleve el caso quien determine lo que tendría que pagar el ICE a los afectados.
Berenice Reséndiz, madre mexicana afectada por el operativo del ICE. “Ellos nunca me mostraron una orden judicial”, dice, y denuncia que los agentes le apuntaron con sus armas a ella y a sus hijos. (CORTESÍA ACLU)
“Querían intimidarnos y ahora los niños tienen miedo, se han visto muy afectados”, destaca Berenice. “Quiero mostrarles a mis hijos que nos levantamos cuando situaciones como ésta ocurren. Estoy complacida de que hayamos radicado esta demanda porque —además— quiero ayudar a que esto no le ocurra a otras familias, especialmente a otros niños”, concluyó.
Representantes de organizaciones pro inmigrantes y abogados especialistas en inmigración permanentemente están recordando a las personas, independientemente de su estatus legal, los derechos a los que pueden acogerse, aun cuando no tengan papeles en Estados Unidos.
“Lo más importante cuando un agente federal llega a su casa es mantener la calma, no abrir la puerta a menos que muestren una orden judicial, puede y debe conversar con los agentes a través de la puerta, preguntándoles para qué están ahí”, recordó a este diario Gloria Curiel, abogada especialista, quien añade: “Algo muy importante, los agentes pueden llevar una orden administrativa de expulsión emitida por un juez de inmigración, [pero] no es suficiente para que abran la puerta”.
La abogada da una importante recomendación: “Si los agentes les muestran un papel que pareciera una orden judicial, pidan que la deslicen por debajo de la puerta y revisen que esté firmada por un juez, que sea de una corte judicial —no de migración— y que aparece su nombre o el de alguien presente en ese momento con ustedes; de otra manera no están obligados a abrir ninguna puerta”, explica Curiel.
