San José. – Sin permiso para desfilar con libertad por las calles de Nicaragua, las opositoras nicaragüenses lanzaron un grito digital de clamor por la libertad de las 14 mujeres que son prisioneras políticas como víctimas de la represión oficialista. El no estatal e ilegalizado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) convocó a las nicaragüenses a un “tuitazo nacional” para enviar un “mensaje de fuerza y esperanza a las presas políticas” para exigir “al régimen” gobernante en Nicaragua “que las libere”.
Las guatemaltecas desfilaron bajo una consigna —“Vivas y libres nos queremos— en demanda de justicia y fin de la impunidad. “Las mujeres en Guatemala marchamos por el derecho a una vida sin violencia”, afirmó la comunicadora social guatemalteca Liduvina Hernández, directora ejecutiva de la (no estatal) Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, de Guatemala.
“Marchamos por un sistema que derrumbe la misoginia reflejada en leyes como la que discute el Congreso de Guatemala para criminalizar a las mujeres por ejercer derechos. Marchamos por las juezas, fiscalas y abogadas que hoy son prisioneras políticas por haber enfrentado al pacto de corruptos” de la clase gobernante, dijo Hernández a EL UNIVERSAL desde la capital guatemalteca.
“Marchamos por las desaparecidas, las ejecutadas, las torturadas durante el conflicto armado interno (de 1960 a 1996), porque la discriminación, el racismo, la violencia de género dejen de ser política de Estado, porque nunca más se le prenda fuego a mujeres o niñas que reclaman y ejercen derechos, porque el patriarcado se derrumbe y en Guatemala nazca una sociedad donde quepamos todas las personas”, exigió.
Del sur al norte de América Latina y el Caribe, las exigencias por igualdad de género, aborto libre, fin de los feminicidios, de la agresión social y del trabajo precario por desigualdad salarial, acceso al crédito y respeto de los derechos esenciales dominaron la agenda en las marchas al recordarse ayer el Día Internacional de la Mujer.
Las salvadoreñas hicieron una multitudinaria caminata el domingo anterior, en un acto de condena a los feminicidios. En sus mensajes, acusaron: “Hoy no están todas porque desde las fosas no se puede gritar”.
Al advertir que “no callaremos” ante una sociedad que “precariza nuestro trabajo”, las colombianas repitieron que “¡las mujeres “sostenemos y transformamos el mundo!”, en una actividad que recordó una reciente victoria de las luchas feministas en Colombia: la despenalización del aborto a partir del 21 de enero pasado.
En una “huelga feminista”, las chilenas recorrieron las calles de su país para pregonar que “vamos por la vida que nos deben”.
Expresiones similares de repudio a la agresión de género recorrieron al continente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que pertenece al sistema de la Organización de Naciones Unidas, aseguró que los feminicidios en la región aumentaron de 2 mil 795 en 2017 a 4 mil 91 en 2020.
“Una de las luchas que reivindicamos las cubanas es la necesidad de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Es una ley que se impone, pero fue pospuesta hasta 2028”, explicó la periodista “no oficialista” cubana María Matienzo, corresponsal en Cuba de Cubanet, diario digital con sede en Miami, Florida.
Tras lamentar que los términos feminicidio y femicidio son ignorados en la legislación penal de Cuba, Matienzo dijo a este diario desde La Habana que “las cubanas sufren asesinatos por el solo hecho de ser mujeres. No hay una ley de género que incluya a las mujeres trans que viven en desempleo y en violencia y nada las identifica legalmente como mujeres”.
“Una lucha constante es que se reconozca la violencia política (en Cuba) contra feministas, activistas de derechos humanos y mujeres ignoradas como integrantes de la sociedad civil independiente, desconocidas políticamente y víctimas de un sistema judicial sin separación con los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo)”, agregó.
Para la boliviana Cecilia Requena, ecologista y senadora por Comunidad Ciudadana, principal partido opositor, en Bolivia “hay un problema estructural de violencia doméstica y sexual contra las mujeres”.
“Hay muchísimos embarazos adolescentes y un enorme número de feminicidios que nos pone entre los países más violentos de la zona”, narró Requena a este periódico desde La Paz.
En un proceso que atribuyó a “la violencia estructural sistémica brutal” del extractivismo (actividad mineral, energética, agropecuaria), a un desarrollo inviable y a un Estado “con serias deficiencias democráticas”, señaló que las indígenas bolivianas de tierras bajas, aparte del racismo y la exclusión económica, sufren “el despojo de sus territorios que son ocupados por indígenas de tierras altas que se dedican al cultivo de la hoja de coca”.
Por falta de ingresos económicos, las familias indígenas de esas áreas en pugna se involucran en prostitución femenina infantil y juvenil, indicó.
La discriminación recrudeció también en Brasil. “Las brasileñas todavía enfrentamos muchas luchas. Nuestros representantes (políticos) no hacen nada sobre nosotras. Una mujer en Brasil, en la misma posición que un hombre, todavía gana un 60% menos que él”, describió la politóloga, comunicóloga y académica brasileña Deysi Cioccari.
“Brasil tiene un estupro (acceso carnal de adulto a menor) cada 10 minutos. Las mujeres son vistas como cuerpos. Somos desiguales. No podemos permitir, más aún en un año electoral, que las banderas feministas en Brasil sufran el acomodo impuesto por una sociedad que no tiene ningún interés en ver reaccionar a las mujeres”, relató Cioccari a este medio desde Brasilia.
Al reprochar que “estamos expuestas todos los días de manera peyorativa por hombres que nos interrumpen en discursos en el Congreso (Nacional), en participaciones públicas y en cualquier otro tipo de relación”, lamentó: “Elegimos a un presidente (Jair Bolsonaro) que o se ríe de los chistes machistas o los inventa”.
Juan Ignacio Roncoroni. EFE
Miles de argentinas marcharon ayer en Buenos Aires por la “deuda” que mantiene el gobierno nacional con las mujeres.