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Managua.— Comercios, bancos y empresas privadas de Nicaragua realizaron ayer la tercera huelga nacional organizada por la opositora Alianza Cívica, para exigir al gobierno de Daniel Ortega la excarcelación de cientos de personas detenidas en los últimos cuatro meses por participar en las protestas, que dejan más de 320 muertos.
La mayoría de los 20 mil negocios del populoso Mercado Oriental, el mayor centro de compras del país, cerraron sus puertas, con pocas personas caminando o limpiando las calles, constató un equipo de AFP.
“El paro está excelente, así apoyamos a los muchachos que están presos, que están siendo torturados, que no tienen por qué estar en la cárcel sólo por andar protestando”, dijo Geidy Áreas, una comerciante de 38 años. Varias escuelas y colegios privados suspendieron las clases, pese a que el Ministerio de Educación ordenó a los centros educativos públicos y privados trabajar normalmente, igual que al resto de entidades del Estado.
En calles de León (occidente), Somoto (norte), Masaya y Granada (sur), pobladores colocaron globos azules y blancos, colores de la bandera nacional, con leyendas escritas a mano: “Queremos justicia”, “Libertad para los reos políticos” y “No más represión”, entre otras.
Si bien la huelga durará 24 horas, grupos de “autoconvocados” publicaron anuncios en redes sociales invitando a la población a extenderlo durante el fin de semana, en señal de la “desobediencia civil”.
El paro busca que el gobierno cese la persecución de manifestantes y los secuestros, y que excarcele a los “presos políticos”, dijo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integran estudiantes, empresarios y diferentes grupos sociales.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, que luego se transformaron en una demanda hacia el gobierno de Ortega para dejar el poder debido a la violencia que ejerció contra los manifestantes.
Desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a buscar una “solución democrática” en Nicaragua.
Mientras, el estudiante Alejandro Centeno fue liberado de la cárcel de El Chipote, donde había sido recluido el martes junto al dirigente universitario Edwin Carcache. Un alto jefe de la policía lo presentó el jueves a Carcache como un “cabecilla terrorista” y lo acusó de varios delitos pese a que el joven no ha sido remitido aún a los tribunales.
En Twitter, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que la declaración policial “viola el derecho a la presunción de inocencia”. En tanto, el canal 100% Noticias denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, no gubernamental) amenazas de muerte contra su reportero José Noel Marenco.