La policía de Nicaragua allanó la residencia de un obispo católico el viernes, aparentemente deteniéndolo junto a varias personas que estaban con él y que estaban sitiadas por los agentes desde hacía dos semanas.
La operación antes del amanecer ocurrió luego de que las autoridades nicaragüenses acusaron el 5 de agosto al obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez —un abierto crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega — de presuntamente “organizar grupos violentos” y de incitarlos “a realizar actos de odio contra la población”.
A primera hora del viernes, la diócesis de Matagalpa publicó en redes sociales el mensaje: “#SOS #Urgente. A esta hora la Policía Nacional ha ingresado a la Curia episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”.
Ni la Policía Nacional ni el gobierno confirmaron de momento el allanamiento y las detenciones.
En un mensaje de vídeo, Pablo Cuevas, abogado del no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos, condenó la detención de Álvarez, pero dijo que no era inesperada. “Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez”, afirmó Cuevas.
Edwin Román, un sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos, escribió en redes sociales: ”¡DIOS MÍO! Qué barbaridad, se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él”.
La policía dijo la semana pasada que la investigación al obispo de Matagalpa incluiría a varias personas y advirtió que no se les permitiría salir de sus casas mientras se realizaban las indagaciones.
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Las detenciones son el colofón de semanas de crecientes tensiones entre la Iglesia y el gobierno de Ortega.
Anteriormente, el gobierno había cerrado ocho radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua. Siete de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia católica.
El anuncio policial de la semana pasada de que Álvarez estaba siendo investigado se produjo apenas unas horas después de que la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo criticara los “pecados contra la espiritualidad” y la “exhibición de odio”, en una aparente referencia al obispo.
Días atrás la Arquidiócesis de Managua expresó su apoyo a Álvarez. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “acoso constante” al pueblo y a la iglesia nicaragüense.
Sin embargo, el Vaticano guardó silencio público durante casi dos semanas sobre la investigación contra Álvarez y el sitio policial a su residencia y la curia episcopal, lo que provocó las críticas de intelectuales latinoamericanos y activistas de derechos humanos.
El viernes pasado, monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a las partes que “busquen vías de entendimiento”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En abril de 2018, enormes protestas callejeras estallaron en Nicaragua y se convirtieron en un reclamo para que Ortega renunciara. El gobierno respondió con una represión violenta con fuerzas policiales y paramilitares que dejó 355 muertos, más de 2 dos mil heridos y al menos 100 mil exiliados según organismos de derechos humanos.
Ortega ha dicho que la revuelta social fue un “fallido golpe de Estado” con apoyo extranjero y de la Iglesia católica nicaragüense. Desde entonces, su gobierno ha actuado contra todas las voces disidentes, incluso mediante el encarcelamiento de líderes de la oposición política y el cierre de más de mil organizaciones no gubernamentales.
Según la oposición nicaragüense, en el país existen al menos 190 “presos políticos”. Ortega asegura que los detenidos son “delincuentes y terroristas”.
ed
